La ausencia del Estado y una inacción de su parte que perjudica a las poblaciones amazónicas afectadas por continuos derrames petroleros del Oleoducto Nor Peruano (ONP), fue denunciada hoy viernes 3 en sesión de la comisión especial multipartidaria que evalúa esa situación y que preside el congresista César Villanueva Arévalo (APP).

Fue en el curso de una reunión de trabajo realizada con presencia de Téssy Torres Sánchez, presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quien admitió que ella no ha ido hasta el momento a comprobar personalmente los impactos y la contaminación ambiental que han causado esos derrames petroleros en la población.

Como lo dijo el presidente de la Comisión, César Villanueva, el Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades en defensa de la población, y ni siquiera se había dado a conocer a cuánto ascienden los montos por concepto de multas que debe imponerse a Petroperú y a las empresas petroleras del sector privado que participan en labores de explotación del hidrocarburo.

La sesión fue excepcionalmente de carácter público, pues la Comisión suele cumplir sus trabajos de manera reservada. Pero el congresista Villanueva consideró, en la parte informativa de la reunión, que los temas por verse no tenían nada que pudiera ameritar que fuese reservada, por lo que la reunión transcurrió con carácter público.

RESPUESTAS PENDIENTES

La titular de la OEFA acudió a la sesión asesorada por altos funcionarios de ese organismo con la finalidad de absolver preguntas que habían quedado pendientes de respuestas en sesión anterior. Ellas versaban esencialmente sobre asuntos de corte institucional y técnico, vinculados con los procedimientos que se emplea para actuar en casos de derrames petroleros del oleoducto trasandino.

A la sesión acudieron los legisladores María Cristina Melgarejo Páucar (FP), Armando Villanueva Mercado (AP) y  Miguel Castro Grández (FP). La legisladora Melgarejo instó a la funcionaria informante a que acudiese a las zonas afectadas para comprobar cómo vive la población de las zonas de derrames petroleros. Anotó que no tienen agua potable, sino contaminada, y además sufren por la contaminación que se da en sus jurisdicciones.

“Queremos saber hasta dónde se ha cumplido con las sanciones aplicadas a las empresas causantes del daño ambiental. También queremos dejar establecido que en el país hay una autoridad ambiental, porque hay empresas que al parecer no quieren asumir los costos ambientales”, comentó el legislador.

Añadió que en la fiscalía especializada en asuntos ambientales la Comisión había evidenciado que solo uno, de tantos casos denunciados, se encuentra judicializado, y ello expresa que hay un Estado que debe hacerse respetar, según precisó.

En todo caso, Villanueva Arévalo señaló que se sigue trabajando y que la Comisión tiene proyectado realizar un nuevo viaje, este vez a Amazonas, periplo al que invitó a Téssy Torres, presidenta de OEFA.

“Esta es una Comisión que quiere trabajar de manera profesional y alejada de toda pasión política”, sentenció el parlamentario.

En la reunión los funcionarios informantes señalaron los procedimientos que siguen en casos de derrames petroleros y las medidas sancionadoras que correspondería aplicarse. Explicaron que las leyes no son muy claras en ese sentido, motivo por el cual muchas veces las sanciones sencillamente no se aplican.

Entre otras cosas, indicaron que entre los años 2014 y 2016 hubo 19 casos de derrames petroleros; y otros 16 fueron registrados solo en el año 2016. Recordaron que el oleoducto tiene una extensión de mil kilómetros y los derrames se han dado, mayormente, por acción de terceras personas, tanto en el conducto petrolero como en las llamadas zonas industriales que abarca en su recorrido. (JTR).

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