En la sesión de este miércoles 15 de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, su presidente Edgar Alarcón Tejada (UPP) advirtió una relación comercial entre la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano – ATU, María Jara Risco, y su director de Asuntos Sociales y Ambientales, Héctor Rubio Guerrero.

Así lo hizo saber luego de escuchar los descargos de Jara Risco sobre las presuntas irregularidades en los contratos de consultorías otorgadas precisamente a Rubio Guerrero, con quien se le relaciona en la creación de la empresa Jara Consulting Group, y a otros consultores con los que ha trabajado en diversas instituciones.

De acuerdo con una denuncia periodística emitida hace dos semanas, Jara habría efectuado la contratación de tres de sus allegados: Rubio Guerrero, Luis Canessa Calderón y Luis Vilela García, estos dos últimos, asesores suyos entre mayo y octubre de 2019 cuando la funcionaria se desempeñaba como ministra de Transportes y Comunicaciones.

La titular de la ATU declaró que fundó Consulting Group con Rubio Guerrero el 8 de mayo de 2017 y dos días después inició sus actividades; el 18 de agosto de 2017 se desvincula de la misma cuando le vende sus acciones a Rubio, la remoción de poderes se formaliza el 18 de diciembre de 2018, y un día después la Consultora pasa a llamarse Valquiria Consultores SAC.

Finalizada la exposición de la línea de tiempo con la que expuso la creación de estas consultoras, pasó a negar tajantemente que Jara Consulting Group y Valquiria Consultores SAC hayan realizado consultoría alguna, ni con su representada, ni con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

LOS DEPARTAMENTOS

En su primera intervención, el congresista Marco Pichilingue Gómez (FP) preguntó a la funcionaria cómo es que la empresa que crea funciona en el edificio donde vive y por qué contrata personas como Rubio Guerrero, quien fuera separado de la Superintendencia de Transporte Terrestre -Sutran.

La respuesta fue que ella, como toda emprendedora, puso su propia dirección y respecto a la salida de Rubio de Sutran explicó que fue el propio ministro quien le retiró del cargo, y luego se determinó que no incurrió en alguna responsabilidad funcional. Dijo que, además, se le abrieron dos investigaciones fiscales y en ambos procesos no se concretó acusación, y de ese modo su reputación puede ser restaurada.

El parlamentario Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) consultó a la funcionaria si había recibido un préstamo de la Caja Metropolitana de Lima, qué garantía había ofrecido y si honraba los pagos. La respuesta, luego de algunas impresiones, fue que se trataba de un préstamo hipotecario, y ella, como funcionaria municipal, no estaba impedida de recibir dicho préstamo.

Poco después, Edgar Alarcón Tejada informó que no se trataba de una sola casa, sino de dos. La primera, adquirida mediante un préstamo al Banco de Crédito y cuya dirección aparecía en la creación de Jara Consulting Group; y la segunda, adquirida con un préstamo de la caja Metropolitana de Lima, vivía Héctor Rubio Guerrero.

La funcionaria aceptó que le brinda la casa a su asesor en calidad de alquiler.

Alarcón Tejada sostuvo que luego de lo expuesto, efectivamente, ha quedado claro que la alta funcionaria de la ATU conoció en la Defensoría de Pueblo a sus actuales asesores y desde esa fecha se convirtieron en su grupo de confianza; pero, al alquilar una propiedad a Rubio Guerrero, a quien le brinda contratos de trabajo en la entidad que lidera, se establece un tipo de relación comercial e institucional.

Lima, 15 de julio de 2020

PRENSA – CONGRESO