La Comisión de Fiscalización, en su última sesión de la presente legislatura anual, aprobó el miércoles 10, dos proyectos de ley y tres informes finales que elaboraron los Grupos de Trabajo. El presidente del grupo fiscalizador, Rolando Reátegui, agradeció a sus colegas por el trabajo de control permanente realizado a las instituciones y gobiernos subnacionales, y su gratitud y dedicación que han superado las expectativas.

            El primer proyecto aprobado por unanimidad fue el que propone cambios en la Ley de Declaración Jurada de intereses de funcionarios y servidores públicos. La propuesta aprobada (a iniciativa del congresista Oracio Pacori) establece y amplía  la obligatoriedad de presentar declaración jurada de funcionarios, señalados en el artículo 41 de la Constitución Política.

            Por lo tanto, “los funcionarios que no presenten la DJ de intereses serán suspendidos de forma automática en el cargo para el cual fueron electos o designados”. Los funcionarios tienen 30 días naturales desde la asunción del cargo para presentar dicha declaración. Será cada año.

            La segunda iniciativa aprobada modifica el TUO de la Ley 27806, de transparencia y acceso a la información pública. Se propuso ampliar la información sobre los gastos en que incurran las instituciones del Estado y se informe al respecto. Información que luego será investigada por la Contraloría General.

INFORMES FINALES

            La Comisión aprobó por unanimidad el informe del Grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los gobiernos regionales, que presidió el congresista Élard Melgar.

            La investigación incluyó la construcción del Hospital Regional de Cañete, las adquisiciones de material pesado y adquisiciones por el gobierno regional de Lima, así como irregularidades habidas en el gobierno regional de Amazonas.

            Se informó de la irregular licitación y obras en el Hospital Regional de Cañete. Se presentó un solo postor, en 2012 se iniciaron los trabajos de construcción que nunca se culminaron. La primera etapa tuvo observaciones técnicas. En el 2015, en una segunda etapa, se destinó 118 millones de soles para su terminación, pero sigue inoperativo. Se afirma que el gobierno regional ha incurrido en presuntas irregularidades.

            La unidad educativa Ugel 10 de Huaral realizó pagos irregulares a personal administrativo que superan el millón 400 mil soles.

            El gobierno regional de Amazonas, por su parte, también es autor de irregularidades en los procesos de selección, actos administrativos y supervisión defectuosa en obras en Bagua, José Olaya, Naranjitos, Utcubamba, por 162 millones de soles.

            El informe final recomienda enviar el informe a la Contraloría General y al Ministerio Público para que realicen las acciones del caso y dentro de sus propias facultades.

            El segundo informe aprobado fue el que presentó el Grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de los hospitales Santa María de Cutervo (se aprobaron expedientes técnicos sin la conformidad de la gerencia especializada, hubo paralización de obras por diez meses y se aprobaron gastos adicionales por 9 millones 834 mil soles); Nuestra Señora del Rosario y San Ignacio.

            Sobre el hospital regional de Jaén, su construcción se encargó a la empresa constructora Caxamarca y se encontró perjuicios por 37 millones 362 mil soles al gobierno regional. Sin embargo, este le otorgó adelantos por 11 millones de soles para materiales e insumos no previstos; los equipos, incompletos, se entregaron antes de que se concluya el hospital con las consecuencias y deterioro del caso.

            Todos estos hechos, según el informe que expuso el congresista Segundo Tapia, han originado presuntos delitos en las autoridades locales de asociación ilícita para delinquir, colusión simple y agravada, omisión de denuncia, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros.

            Por último, se aprobó por unanimidad, el informe del Grupo de trabajo encargado de investigar la presunta corrupción y responsabilidad de funcionarios que estuvieron o están a cargo de obras, desde el 2016, en el distrito de Irázola, provincia de Padre Abad, Ucayali. La sustentación estuvo a cargo de su coordinador, congresista Francisco Villavicencio. Dijo que por amenazas y extorsión, el alcalde distrital Manuel Gambini, no prosiguió con las obras y se benefició al jefe zonal del ministerio de Vivienda con un 5% del costo de las obras.

PRENSA CONGRESO