El grupo de trabajo encargado de la revisión de la gestión de COFOPRI durante los últimos cinco años, como parte de su informe  presentado  y aprobado  en la Comisión de Vivienda y Construcción, recomendó  remitir lo actuado a la Contraloría General de La República, al Ministerio Público y a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. 

El legislador Miguel Castro Grández (FP), que coordina dicho grupo de trabajo, explicó que en el último quinquenio COFOPRI ha sido ineficiente, pese al incremento del personal (CAS) y consultorías contratadas, elevándose las planillas y gastos innecesarios. 

El costo promedio de cada predio titulado se incrementó de 791 soles  que costaba el año 2011, a mil 511 soles el  año 2013.  De igual forma el número de personal  contratado el 2015 fue de mil 587 trabajadores en modalidad CAS; sin embargo fue el año que menos productividad se registró. 

También se formulará una propuesta legislativa para que el Poder Ejecutivo concluya el proceso de formalización y titulación de predios en el más breve plazo, procurando que el presupuesto asignado a este rubro se ejecute de mejor forma y con  estrecho control del mismo. 

Simultáneamente,  se pide que se amplíe facultades a COFOPRI para que participe en todo el proceso de reconstrucción urbano – rural en las diversas regiones  afectadas por  los últimos desastres a fin de que aporte con  su amplia experiencia en la Autoridad de Reconstrucción. 

De la misma forma, se solicita un proceso de reingeniería total en la administración de COFOPRI ya que ha reflejado ineficiencia en el gasto e improductividad en las actividades encomendadas. 

No titularán construcción en zonas de riesgo 

Por unanimidad, la Comisión de Vivienda y Construcción que preside la legisladora Marissa Glave aprobó el Proyecto de Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. 

Mediante esta norma se propone declarar como zona intangible aquellas áreas que se encuentren en condición de riesgo no mitigable, por lo que estará prohibido  también el otorgamiento de títulos de propiedad y dotación de servicios públicos.

Registro de bienes estatales 

De la autoría del legislador Francisco Villavicencio (FP), se aprobó por unanimidad, el proyecto que establece el régimen excepcional para la  identificación y registro de bienes estatales en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP. Para ello se declara de necesidad pública e interés nacional la inscripción de los predios estatales en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP). 

La SUNARP y entidades del Estado que conforman el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial (SNCP) estarán obligadas a brindar información y dar facilidades para el cumplimiento de la presente ley. 

La fundamentación de la iniciativa sostiene  que los predios estatales no inscritos en el SINABIP generan riesgo de invasiones de traficantes de terrenos, ocupaciones ilegales, superposición de títulos, entre otros. 

Fiscalización de obras inconclusas de saneamiento y agua potable 

La legisladora Marita Herrera Ávalos (FP), coordinadora del grupo de trabajo sobre fiscalización de los proyectos de inversión pública de obras inconclusas de saneamiento y agua potable del sector vivienda, presentó su  informe final que fue aprobado por unanimidad. 

En dicho informe se recomienda garantizar la asignación presupuestaria a los proyectos de inversión pública en agua y saneamiento para destrabar o reiniciar  los que ya están en ejecución. 

Además, que los gobiernos regionales garanticen que los terrenos en los que se ejecutan proyectos de inversión pública en agua y saneamiento se encuentren saneados con anterioridad a la adjudicación de la ejecución de obras. 

Fiscalizar el registro por parte de las entidades públicas de los proyectos de agua y saneamiento en el Sistema InfoObras, a fin de contar con una herramienta informativa actualizada sobre los niveles de ejecución física y financiera de las obras. 

Al ministerio Público se recomienda implementar mecanismos de respuesta oportuna a las controversias de índole penal y/o civil vinculados a la ejecución y/o paralización de proyectos de inversión pública de manera que se identifique y sancione a los responsables (EPA)

PRENSA CONGRESO  

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