Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó el dictamen que propone la Ley que garantiza a los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) la devolución de sus aportes o elegir una pensión extraordinaria de cesantía, incluyendo a los que hubiesen dejado de aportar, que a los 65 años de edad no cumplan los requisitos para recibir una pensión de jubilación, pudiendo elegir entre la devolución de sus aportes o una pensión extraordinaria de cesantía.

Según el dictamen aprobado por el grupo de trabajo que preside el parlamentario Daniel Oseda Yucra (Frepap), plantea algunos requisitos como la acreditación menos de 20 años de aportes y cuenten por lo menos con 65 años de edad.

«Los afiliados que acrediten menos de 20 años de aportes y cuenten entre 50 y 64 años de edad. Los afiliados que acrediten entre 20 y 30 años de aportes y cuenten con menos de 55 años de edad, en el caso de los varones; y entre 20 y 25 años de aportes y menos de 50 años de edad, tratándose de mujeres», señala.

Asimismo, los afiliados que no cumplan los requisitos para una pensión de invalidez previstos en el artículo 25 del Decreto Ley 19990. La viuda del afiliado es titular del derecho que en vida no hubiese reclamado las prestaciones del Sistema Nacional de Pensiones, cuando los aportes del fallecido fuesen menores a 20 años.

Igualmente, el afiliado que aportó al Sistema Nacional de Pensiones perteneciendo a un régimen especial, y que dentro este sistema tampoco cumpla con los requisitos propios de cada régimen o se encuentre en cualquiera de los supuestos anteriores.

La iniciativa propone que la devolución de aportes de un 34 % se dará en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada la solicitud ante la Oficina Nacional de Normalización Previsional. Un 33 %, a los 90 días calendario computados a partir del primer desembolso a que se refiere el literal anterior. Y un 33 %, a los 90 días calendario computados a partir del segundo desembolso previsto en el literal anterior.

Indica que las cuentas bancarias en las que se depositen los aportes solicitados por el afiliado, o sean abiertas para tal fin, mantienen su condición de intangibles, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, o cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa. El carácter intangible no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de treinta por ciento (30 %) de lo retirado.

INVITADOS

Previamente, se presentó ante la comisión el Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Edilberto Terry Ramos, quien informó sobre la actual situación de la fiscalización de los derechos laborales en el contexto del covid-19, así como los avances en cuanto a la aplicación de la suspensión perfecta de labores. También, explicó cómo están procediendo en los casos de ceses colectivos, toda vez que, por los oficios remitidos al despacho, parece ser que esta figura se está usando de manera arbitraria y casi sistemática y otros temas de interés de los señores congresistas.

De igual manera, estuvo la presidenta del Cuerpo Médico del Hospital Ate – Vitarte, Rudy Huertas Vera, a fin de informar la actual situación y problemática del Hospital Ate – Vitarte; así como la fusión de los hospitales.

Hizo lo propio Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, quien informó sobre la actual situación y problemática de sus agremiados y otros temas de interés de los señores congresistas.

Lima, 12 de agosto de 2020

PRENSA – CONGRESO