La comisión de Fiscalización, que preside el congresista Rolando Reátegui Flores (FP), aprobó por mayoría, el proyecto de ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente de control gubernamental, así como de optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción.

La propuesta dispone que la Contraloría General apruebe su estructura orgánica, reglamento de organización y funciones y cuadro de puestos de la entidad, así como los demás instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su modernización, dentro de los 120 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, para lo cual durante dicho plazo no está comprendida en los alcances de la Ley Nro. 30057, Ley del Servicio Civil y sus normas complementarias. La referida modernización se realiza en el plazo antes indicado.

Otro de los planteamientos del dictamen es el acceso a la información, referido a la potestad de los órganos de control de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación sobre las operaciones de la entidad, aunque sea secreta, necesaria para su función. Esto comprende el acceso directo, masivo permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, síntesis informativa síntesis informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información, que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control.

Respecto a la competencia, la Contraloría General ejerce la potestad para sancionar por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control emitido por los órganos del sistema. Según la propuesta, alcanza a los gobernadores, vicegobernadores y Consejeros de los gobiernos regionales, alcaldes y regidores de los gobiernos locales, por la comisión de infracciones graves o muy graves, es causal de suspensión y hasta de vacancia.

 En este caso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas es causal de vacancia y la sanción de suspensión temporal en el ejercicio de las funciones es causal de suspensión en el cargo por el período correspondiente.

Previamente, se presentó ante la comisión el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, a fin de sustentar el proyecto de ley presentado por su institución. Ratificó que una de las principales modificaciones es que exista independencia y objetividad en la labor del auditor, según dijo, actualmente los Órganos de Control Institucional (OCI) dependen administrativamente de las entidades en las que realizan su trabajo.

PRENSA – CONGRESO

6-12-2017 (Jarvi)

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