FORTALECEN SUNAFIL

Centro de Noticias del Congreso

05 Abr 2018 | 13:58 h

El Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 1722 que propone el fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo, asignándole de manera temporal, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), las competencias y funciones que hace referencia a la Ley 28806.

La iniciativa de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, tuvo en primera votación 106 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ante el pedido de la exoneración de segunda votación, se registró 97 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.

Al respecto, el presidente de la referida comisión, Gilmer Trujillo Zegarra (FP), informó que de 463 inspectores que prestan servicios, 248 están laborando en Lima y 215 en provincias.

“De los 25 departamentos, 21 gobiernos regionales tienen menos de cinco trabajadores como inspectores. Hay regiones que no cuentan con inspectores como Apurímac, Amazonas y Pasco, debido a la escasa prioridad que se les otorga”, afirmó.

Dijo que ante esta realidad se considera tomar medidas para mejorar y proteger los derechos de los trabajadores, como lo es el derecho laboral.

“SUNAFIL es la entidad que cuenta con mejor organización y recursos para laborar en el país, pese a sus limitaciones debemos proteger a los trabajadores”, indicó.

A su turno, el legislador Justiniano Apaza Ordoñez (FA), presidente de la Comisión de Trabajo, lamentó que se esté tomando la modalidad de exonerar algunos temas que tienen que ver directamente con la Comisión de Trabajo.

En cambio, la parlamentaria Gloria Montenegro Figueroa (APP), sostuvo que respaldaba la iniciativa legislativa porque permitirá un mayor aporte a las medianas y grandes empresas.

“Con esto vamos a incrementar la cobertura, y mejor especialización y fortalecer cuadros regionales, para que durante estos 8 años, se ejerzan mejoras laborales de los trabajadores en todo tipo de empresa”, acotó.

El legislador Roy Ventura Ángel (FP) dio a conocer que hay más de 20 mil trabajadores en las empresas mineras que tendrán que ser beneficiados. Por tal motivo, se tienen que hacer algunas precisiones en el proyecto de ley 1722 porque cuenta con datos y cifras errados.

“Hay abusos de parte de funcionarios, despidos arbitrarios y eso tiene que acabar”, aseveró.

En la misma línea, el congresista Clayton Galván Vento, puso en conocimiento que el pasado 14 de noviembre del 2017, planteó que se modifique el artículo 4 del PL 1722. “No tiene sentido que el inspector de trabajo deba ser evaluado, si ya ingresó a trabajar por concurso público”, añadió.

Mostrando su total respaldo, la parlamentaria Indira Huilca Flores (NP) comentó que, en la práctica, el problema principal es la dificultad para que los inspectores estén presentes en todo el territorio.

“Es absurdo que SUNAFIL no esté presente en las 25 regiones del país. El número de inspectores de SUNAFIL no llega a 300 en todo el país. Los inspectores no pueden fiscalizar a las grandes empresas. Solo a pequeñas o micro empresas”, alertó.

Se le debe dar a SUNAFIL el presupuesto que merece. Hay abierta explotación laboral, como lo que sucedió en Las Malvinas, explotación y esclavitud laboral. El problema es operatividad. Se le debe dar fortaleza a los inspectores”, enfatizó.

Posteriormente, el parlamentario Hernando Cevallos Flores (FA) manifestó que parece un tema auspicioso, pero con esto no se resuelve el gran problema que tienen los trabajadores sobre los abusos labores que padecen.

“SUNAFIL está tomando a los trabajadores de las regiones. Piura no puede concretar una oficina regional. SUNAFIL no tiene oficinas zonales, menos cuenta con personal, ni presupuesto adecuado, y menos facultades para avanzar más allá de sanciones económicas. Los trabajadores están desprotegidos. No tienen dinero ni para sus pasajes y desplazarse a lugares alejados”, expresó.

Finalmente el legislador Rolando Reátegui Flores (FP) criticó la capacidad de los gobiernos regionales. “No entiendo porque los gobiernos regionales no pueden hacer su chamba”; mientras que la congresista Alejandra Aramayo Gaona (FP) aclaró que lo que “se está haciendo es una asignación de manera temporal para que a los gobiernos regionales se les permita cumplir con los trabajadores que ven vulnerados sus derechos”. (JCHOY)