“Necesitamos al ministro para hacerle las preguntas que se requieren hacer y para que nos informe sobre las obras inconclusas y abandonadas que hay en todo el país”, sostuvo el titular de la Comisión de Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Maquera Chávez (UPP), antes de que sus miembros votaran unánimemente para reiterar la invitación al funcionario.

Tanto Maquera Chávez y diversos congresistas lamentaron esta recurrente práctica del ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido, de no asistir no solo a la sesión de Fiscalización, sino a diversas comisiones del Parlamento, y con ello poner freno a las iniciativas legislativas que se proponen, porque no se cuenta con su opinión técnica.

Mendoza Bellido fue invitado, una vez más, para que brinde una opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 6999/2020, por el que se propone una Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. En su reemplazo se hicieron presentes cinco funcionarios de Economía y Finanzas, de los cuales solo tres hicieron uso de la palabra.

El primero de ellos fue coordinador de la Dirección General de Presupuesto Público de Economía y Finanzas, Alexander Carranza Michaud, quien formuló una observación al proyecto de ley.

El funcionario manifestó que la asignación del 2 % del valor total (para la operatividad del control concurrente), mencionado en el artículo 2 de la norma propuesta, podría implicar demandas de recursos adicionales al tesoro público, cuya disponibilidad no está garantizado.

El impacto en el presupuesto público de esta propuesta, señaló, podría incidir en la sostenibilidad del presupuesto de los siguientes años y por ello, indicó, es importante y necesario que exista un análisis costo-beneficio para definir si las entidades públicas están en condiciones de destinar estos recursos.

La funcionaria de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, Rosa Herrera López, también planteó una observación al último párrafo del artículo 4, que exceptúa a la Contraloría General de la República (CGR) de la presentación de los documentos de gestión institucional para la actualización de los registros en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas.

El artículo en mención brinda esta prerrogativa a la CGR durante el proceso de incorporación progresiva de los Órganos de Control Institucional, establecido en la tercera disposición complementarias de la Ley 30742. Para la funcionaria los documentos de gestión institucional son importantes en la medida que forman parte del cuadro de necesidades de las instituciones públicas.

En el momento de las interrogantes de los congresistas Marco Pichilingue Gómez y Wilmer Bajonero Olivas (AP), el funcionario expresó que la Dirección General de Presupuesto Público solo opina sobre la normativa del presupuesto público, ello causó malestar y fue cuando los legisladores insistieron en la presencia del ministro Waldo Mendoza Bellido.

Marco Pichilingue Gómez (FP) expresó que el Perú pierde 15 % del presupuesto público por corrupción y el entregar el 2 % del costo de una inversión para evitar esa corrupción sería sumamente beneficioso para el país.
Él preguntó ¿a cuánto asciende la pérdida por corrupción en la ejecución de inversiones? Además, si ¿cuenta el MEF con los recursos necesarios y la capacidad técnica para hacer el seguimiento y control de las inversiones durante la ejecución física de las misma?

A su turno, Carranza Michaud respondió que su dirección formula opinión estrictamente sobre materia presupuestaria, y con respecto al monto al que asciende la corrupción, lo hace la CGR, debido a que es muy complejo formularlo. Sobre la segunda pregunta dijo que es parte de la Programación Multianual de Inversiones.

A su vez, Wilmer Bajonero Olivas (AP) preguntó si el MEF tiene conocimiento de la cantidad de inversiones paralizadas y a cuánto asciende la perdida que esto genera a la ciudadanía. La respuesta fue similar a la anterior, ya que Programación Multianual de Inversiones hacen seguimiento de estos indicadores.

Bajonero informó que de acuerdo con cifras de la CGR hay en todo el país 2109 obras paralizadas. El costo, en los tres niveles del Estado, supera los 22 mil millones de soles, y las causas más frecuentes son las deficiencias técnicas y contractuales.

Por su parte, Héctor Maquera Chávez informó que en ese momento se encontraba en la ciudad de Cerro de Pasco, en donde hay obras emblemáticas abandonadas e inconclusas. Por ejemplo, dos hospitales, de catorce a nivel nacional, inconclusos.

Sin embargo, “el MEF ha destinado presupuesto para su ejecución. Supongo que antes de entregar dinero deben tener conocimiento de los expedientes técnicos”. Estuvo de acuerdo con el funcionario en que a él no le competía responder a las interrogantes, sino a otro funcionario. De allí lo lamentable de no contar con la presencia del ministro de Economía y Finanzas.

OFICINA DE COMUNICACIONES