Fiscalización de acuerdo con facultades legislativas

Centro de Noticias del Congreso

26 Sep 2016 | 11:07 h

 

En el marco de sus atribuciones, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el legislador Héctor Becerril Rodríguez, aprobó el lunes 26, por unanimidad, un informe de opinión consultiva para que se delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento.
El Informe debatido fue remitido por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República y se centró en aspectos vinculados a establecer medidas que permitan fortalecer la organización y rectoría en saneamiento, los organismos reguladores, coberturas, modernización, gestión empresarial, gestión en residuos sólidos, inversión pública y privada de servicios de saneamiento, expropiación de terrenos para la ejecución de proyectos, entre otros puntos.

El titular de ese grupo de trabajo hizo una exposición sobre el tema y planteó la necesidad de reorganizar el Sistema de Inversión Pública (SNIP,) a fin de garantizar la calidad de la inversión pública, así como afianzar el rol y eficiencia de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), incluyendo modificar la regulación sobre las responsabilidades civiles y administrativas de los servidores públicos.
“Se propone reestructurar los procesos del sistema de inversión pública, vinculando la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura. Se debe mejorar y simplificar la formulación y evaluación de los proyectos, modificando las metodologías y parámetros asociados a nivel de servicios”, consideró el congresista Becerril.
En materia de lucha contra la corrupción, los parlamentarios Justiniano Apaza Ordóñez (FA), Yonhy Lescano Ancieta (AP), Edwin Donayre Gotzch (APP) y Gilmer Trujillo Zegarra (FP), coincidieron en señalar que es importante reforzar la lucha contra la corrupción y que se declare la muerte civil a los funcionarios del Estado que incurran en delito, así como crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De igual forma, modernizar y fortalecer la gestión de las entidades públicas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, así como modificar el marco legal sobre gestión integral de residuos sólidos, bajo un enfoque de sostenibilidad.
Asimismo, optimizar la inversión pública en agua y saneamiento público garantizando la dimensión pública de esta prestación, así como agilizar los procedimientos de expropiación para extender y mejorar las ejecuciones de proyectos en saneamiento y afines.
Sobre este caso, los parlamentarios Lescano Ancieta, Justiniano Apaza, Víctor Albrecht Rodríguez (FP), Jorge Castro Bravo (FA), coincidieron en destacar la necesidad de promover y optimizar las inversiones y evitar la privatización y administración del agua.

Otro tema que concitó la atención en el debate de la Comisión de Fiscalización fue la necesidad de garantizar la eficacia del derecho al acceso a la información pública, así como crear un sistema de sanciones para aquellos funcionarios que entorpezcan o sean renuentes a la entrega de información.
Al término de la reunión, el presidente Héctor Becerril dio a conocer su satisfacción por el trabajo realizado y señaló que la Comisión de Fiscalización no se pronunció en el caso relacionado con los XVIII Juegos Panamericanos por falta de información del Ministerio de Educación, entre otras entidades encargadas de su realización y en los proyectos de inversión. (FAA).

PRENSA/CONGRESO

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