Ante el nuevo escenario que se presenta con la Ley de Flagrancia, que requiere de instrumentos claros y probatorios para la acusación de los inculpados, los representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial solicitaron mayores partidas para la aplicación de la norma.

Durante el debate en la Comisión de Justicia, que preside Juan Carlos Eguren, el fiscal Pablo Sánchez explicó que en ciudades importantes del país, como Chiclayo, Juliaca y Tumbes, se carece de laboratorios para realizar las pruebas de alcoholemia y drogadicción, lo que hace prácticamente imposible la aplicación de la ley.

Dijo también que se carece del número de fiscales requeridos para atender los innumerables casos que se presentan diariamente, que ya suman 9,575, por lo que, entre otras cosas, pidió que los casos de omisión de asistencia familiar no sean penalizados, lo que reduciría en un 50 % este tipo de demandas.

La ley es positiva pero se necesita apoyo para que se haga de forma adecuada –explicó Pablo Sánchez-, quien también se pronunció en contra de que se interrogue a los detenidos que se encuentran en estado de ebriedad y sin la asistencia de su abogado.

Bonifacio Meneses, representante del Poder Judicial, expresó que existe la sensación en la ciudadanía que la ley permite la aplicación de penas desproporcionadas, lo que obedece a la aplicación de un Código Penal de 1940, que ya está anquilosado.

Entre las dificultades para la aplicación de la norma señaló las dificultades que tiene el Ministerio Público para la recopilación de evidencias, el escaso tiempo que tiene la defensa para preparar su estrategia, la falta de laboratorios y de presupuesto para atender los 9,575 procesos presentados desde la aplicación de la norma.

También habló de la necesidad de incorporar el mecanismo de apelación o de segunda instancia para asegurar el derecho de defensa de los acusados, y reconoció que existe una falta de capacitación de los abogados en el tema.

Por su parte, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez, afirmó que se requiere de unos 6,000 millones de soles para realizar nuevos penales y remodelar los ya existentes para albergar a los más de 70,000 reos de las diversas cárceles del país.

Con respecto al tema de la proporcionalidad de las penas dijo que el debate del nuevo Código Penal es la oportunidad para discutir el tema y recordó que las nuevas leyes sobre seguridad ciudadana y crimen organizado limitaron en un 80 % los beneficios penitenciarios.

En tanto, el jefe del INPE, Julio Magán indicó que la mayoría de los 78,047 reos del país están acusados por delitos al patrimonio, tráfico de drogas, contra la libertad sexual, y contra la vida, el cuerpo y la salud. Del total de reos, dijo, el 73 % está preso por primera vez.

Ante el riesgo de un incremento acelerado de la población penal por las sentencias por delito de flagrancia, Magán se mostró a favor de que se apliquen sistemas como el del grillete electrónico, para que los reos puedan tener el beneficio de la detención domiciliaria y evitar sobre poblar aún más los penales.

PRENSA-CONGRESO*

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