Por considerar que los casos para los que fue citada se encuentran en investigación fiscal y en un proceso judicial en curso, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, no concurrió ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para exponer en torno al caso que involucra al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, y al electo congresista Guillermo Bermejo Rojas, de Perú Libre.

Durante la sesión, que estuvo dirigida por la congresista María Teresa Cabrera Vega (PP), en ausencia de la titular Leslye Lazo Villón (AP), quien acudió a recoger sus credenciales como parlamentaria andina, se leyó el documento de la justificación de la titular del Ministerio Público.

En el oficio, Ávalos Rivera señalaba que se trata de una investigación fiscal y un proceso judicial, ambos actualmente en curso a cargo de una fiscalía provincial y del órgano jurisdiccional competente, respectivamente, por lo cual se excusaba de concurrir al Congreso.

La fiscal de la Nación había sido convocada para que informe sobre las acciones realizadas por el fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello Rosales, respecto a la postergación del megaoperativo para allanar y detener a 37 hombres de confianza de Cerrón Rojas, vinculados a la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

De igual manera, para que informe sobre el juicio que se le sigue al congresista electo Guillermo Bermejo Rojas por la comisión del delito contra la tranquilidad pública-terrorismo, en agravio del Estado.

De otro lado, fueron invitados representantes del Poder Judicial para sustentar su posición institucional en torno a los proyectos que proponen una ley que modifica artículos del Código Procesal Penal, en lo relacionado con la condena del absuelto, para garantizar el derecho a la pluralidad de instancia del condenado.

En ese sentido, participaron Renato Alexis Alí Núñez, Flor de María Angélica Deur Morán y María del Carmen Abregú Baes, para opinar sobre los proyectos de ley 1451/2016-CR y 3829/2018-PJ, este último del Poder Judicial.

Durante su sustentación, Alí Núñez se refirió al caso “Mohamed versus Argentina”, en el que se precisa que la garantía de impugnar una decisión es un derecho importante.

Asimismo, es necesario que sea respetada esa garantía dentro del debido proceso con la finalidad de que se haga posible que una decisión en contrario y, en consecuencia, sea revisada por un órgano jurisdiccional.
Además, hizo hincapié en el hecho de que un fallo judicial no sea inamovible si se aprobó con error y se merme los intereses del sujeto.

En torno al proyecto que crea el proceso de desalojo abreviado frente a los arrendatarios morosos, la abogada del Poder Judicial, Deur Morán, sostuvo que con la aprobación de las propuestas se permitiría el cumplimiento de principios establecidos en la Constitución para fortalecer los procesos penales en la Corte Suprema y en la Corte Superior.

En ese sentido, solicitó la aprobación del Proyecto de Ley N.° 7565, de autoría de la congresista Lazo Villón, que propone proveer mecanismos que permitan fortalecer la seguridad jurídica respecto de los propietarios frente al incumplimiento de los arrendatarios morosos, y al mismo tiempo acelerar el correspondiente proceso de desalojo.

OFICINA DE COMUNICACIONES