El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (FP), organizó la mesa de trabajo “Interoperabilidad institucional para agilizar procesos en el marco de la Ley 32130”, orientada a mejorar la coordinación entre entidades del sistema de justicia y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar la creciente criminalidad.

Durante la reunión, el parlamentario destacó la urgencia de contar con un sistema de carpeta fiscal electrónica, que permita el intercambio rápido y seguro de información entre la PNP, el Poder Judicial y otras instituciones.

Este mecanismo, señaló, facilitaría la resolución de problemas en un plazo máximo de 24 horas, contribuyendo a que las investigaciones sean más eficaces y oportunas.

“Nuestro sistema de justicia está muy por detrás de los delincuentes, quienes aprovechan resquicios legales, fallas en las comunicaciones y demoras institucionales para operar con impunidad. Es indispensable actuar con la mayor brevedad posible”, subrayó Rospigliosi Capurro.

El congresista enfatizó que se requiere coordinación efectiva entre instituciones y, de ser necesario, ajustes legislativos para permitir un acceso más ágil a la información financiera y de telecomunicaciones en casos de alta gravedad como extorsión y secuestro.

En la mesa participaron representantes de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI – PNP), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y OSIPTEL.

Los funcionarios coincidieron en que la falta de interoperabilidad y las barreras legales vigentes retrasan las investigaciones y vuelven ineficaz la persecución del delito.

Actualmente, los trámites para acceder a datos bancarios, movimientos financieros o geolocalización de líneas telefónicas pueden demorar entre 7 y 14 días, transformándose en “información muerta” para la labor operativa.

El representante de la PCM explicó que se trabaja en plataformas de interoperabilidad y en el proyecto “ID Perú”, que permitirá validar la identidad de funcionarios autorizados mediante verificación biofacial, asegurando la confidencialidad de la información.

La Fiscalía recordó que su actuación está sujeta al marco legal vigente, que exige autorización judicial para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones. Sin embargo, se debatió la posibilidad de accesos iniciales controlados en casos de urgencia, como secuestros extorsivos, para que la PNP cuente con una base sólida antes de solicitar la autorización judicial correspondiente.

El congresista Rospigliosi Capurro concluyó señalando que la lucha contra la delincuencia requiere medidas urgentes y coordinadas, respetando siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos y la validez jurídica de las pruebas.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL