Desde el Centro de Convenciones de Lima — en el marco de la edición 2025 del foro empresarial CADE Ejecutivos, el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, dirigió un firme llamado para proceder con una “limpieza” del sistema judicial peruano.

Durante su intervención, Rospigliosi Capurro denunció que “tenemos un sistema judicial que se dedica a perseguir policías y militares y a liberar delincuentes y terroristas”, y remarcó que la situación exige respuestas drásticas.

El congresista resaltó que, frente al fenómeno creciente de inseguridad ciudadana, adoptar los métodos habituales ya no basta: “Para resolver los problemas de seguridad ciudadana hoy día en el Perú se requieren soluciones radicales. Si pensamos que con métodos normales vamos a solucionar un problema que ha rebasado largamente la capacidad de las instituciones para enfrentarlo, estamos equivocados”.

En consecuencia, propuso reformar, antes que nada, el accionar del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, junto a fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al sistema penitenciario, como pilares de una estrategia integral para retomar el control del orden público.

Respecto de la judicatura, Rospigliosi Capurro instó a iniciar un proceso de “barrer el sistema judicial”, porque en su visión el actual esquema favorece la impunidad. Aseveró que, sin una reforma estructural que modifique órganos clave y traiga rendición de cuentas, no será posible derrotar a la delincuencia. En ese sentido, propuso votar —en el Congreso— un porcentaje significativo de magistrados para dar paso al nuevo esquema.

Asimismo, el congresista cargó contra la Fiscalía y la Policía, pues cuestionó que existan decenas de fiscalías especializadas que no se dedican a defender los derechos humanos, sino a perseguir a los policías y militares.

En consecuencia, enfatizó que “hay que tener una política anticorrupción” dentro de la Policía y que la entidad requiere filtros más rigurosos, formación de calidad, infraestructura adecuada y una administración eficaz de sus recursos.

En paralelo, alertó que el factor migratorio agravó la crisis de seguridad: citó la llegada de decenas de miles de ciudadanos venezolanos catalogados como “muy violentos” —más de 30,000 ó 40,000, según la Policía— que replicaron en aumento de homicidios y extorsiones, tras lo cual los responsables de la política migratoria habrían actuado con negligencia.

También se refirió al sistema penitenciario como otro eslabón crítico. Aludió al caso del penal del Callao, diseñado para 500 internos y albergando 3,500, y señaló que la falta de agentes suficientes y salarios bajos conducen a corrupción sistemática. Ante ello, instó al próximo gobierno a lanzar “un trabajo duro y fuerte”: estado de excepción, redadas masivas, prisiones provisionales mientras construyen más cárceles, y un liderazgo decidido que no ceda ante críticas de organismos nacionales o internacionales.

Conectando todos estos elementos —judicatura, fiscalía, policía, migración y sistema penitenciario— Rospigliosi Capurro presentó un diagnóstico de urgencia y una serie de acciones que, en su opinión, marcan la única vía para contener “esa delincuencia tan violenta, tan extendida e impune”. Según él, sin ese nivel de intervención no se repetirá la experiencia exitosa de las décadas pasadas, cuando se venció al terrorismo; hoy, resaltó, el país requiere un liderazgo parecido.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL