Facultades legislativas en sector vivienda

Centro de Noticias del Congreso

19 Sep 2016 | 11:11 h

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, sustentó hoy ante la Comision de Vivienda del Congreso que si su sector cuenta con las facultades para legislar, se fortalecerá la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), se fusionarán algunas de las 50 empresas prestadoras de servicios (Eps) y  se fomentará la inversión privada con la finalidad de ampliar el acceso de los servicios de agua y saneamiento.

En este último tema admitió que su despacho no tiene registros de cuántos peruanos tienen servicio de agua potable y alcantarillado, por lo que el único referente que cuenta sobre el particular es la ùltima Encuesta Nacional de Programas Estratègicos (Enapres) del 2015. Según este sondeo, hoy en día existen 3.7 millones de peruanos que no tienen acceso al líquido elemento y 8.7 millones de peruanos no tienen alcantarillado.

«Sòlo el 54% de hogares cuenta con agua segura en el área urbana y 1.2% en el àrea rural. Las principales causas que justifican este diagnóstico son el funcionamiento de operadores con escaso apoyo y con graves problemas económicos, inversiones insuficientes e ineficientes y marco legal inadecuado. La meta al 2021 es que todos los peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 24 horas», remarcò el ministro Trujillo.

En la sesión, esbozó el nuevo marco legal que requiere su gestiòn y que se caracterizará por la simplificación de procesos y de la normativa que impacta en inversión, financiamiento y gestiòn. ¿Còmo fortalecer a los operadores?, preguntó. Logrando el saneamiento financiero de sus instituciones y garantizando tarifas, reales, justas, que cubran costos de operaciòn y de mantenimiento y progresivamente las inversiones», respondió el ministro.

En su exposición planteò que con las facultades para dictar decretos legislativos se modificará la Ley 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores, para fortalecer Sunass y ampliar sus competencias sobre los municipios que brindan servicios. 

Tambièn se cambiarà la Ley 30045, Ley de Modernizaciòn de los Servicios de Saneamiento y se promoverà el saneamiento financiero de las empresas prestadoras de servicios (Eps) cambiando la Ley 29625 a fin de permitir plazos mayores a los ocho años para la devoluciòn de los fondos.

Igualmente se corregirán las leyes 29740 y 28870 con el fin de sincerar, consolidar y reestructurar las deudas existentes en las Eps; y se modificará el decreto legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta, con la finalidad de exonerar a las Eps del impuesto a la renta por las donaciones que recibe.

El ministro de Vivienda señaló, además, que otro objetivo de su despacho será ejecutar inversiones «que cierren brechas, mejoren la calidad de los servicios y protejan el ambiente». Para ello se garantizará la transparencia y la vigilancia ciudadana en el uso de los recursos del Estado. «Hay que modificar la Ley del Sistema de Inversión Pùblica  para excluir a los proyectos de saneamiento de los estudios de pre inversiòn», dijo.

También mencionó que hay que corregir es la ley del canon para establecer que un porcentaje de los recursos transferidos sean destinados a obras de agua y alcantarillado.

En el debate, varios legisladores, como Benicio Rìos, de Alianza para el Progreso, pidió detalles de las proyecciones de las inversiones en el sector para extender el servicio de agua potable y alcantarillado, mientras que su colega Miguel Castro (FP) preguntó si habrá sinceramiento de tarifas del servicio. En tanto, Carlos Tubino (FP) preguntò cómo se va a extender estos servicios en el àrea rural.

Miguel Romàn, de Acciòn Popular, preguntó por què las Eps serán reincorporadas al sector Vivienda y Construcción, a lo que intervino su colega Carlos Bruce, de PpK, quien aclarò que el propòsito del gobierno es reestructurar las Eps para que luego sean transferidas al àmbito municipal.

Luego, Marita Herrera (FP) le alcanzó al ministro la situaciòn que desde hace cuatro dìas se vive en Bagua, donde sus 50 mil pobladores carecen de agua potable.  Ante ello respondió el titular del sector Vivienda advirtiendo que el Fondo Agua Segura es la vía para financiar obras de infraestructura.

Al término de la sesiòn, el ministro de Vivienda dijo haber cumplido con los requerimientos del Congreso y corresponderá a la Comisiòn de Vivienda del Congreso elaborar la opiniòn consultiva que será derivada a la Comisiòn de Constitución del Congreso.

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