Si bien el sistema bicameral juega un rol trascendental como articulador entre los diversos poderes del Estado, según la experiencia de diversos países de América Latina el proponer este cambio para el sistema político peruano no debe significar que pasemos por alto “una realidad inconclusa, como es el mal funcionamiento del régimen unicameral”.

Esta última premisa fue planteada por el experto en derecho parlamentario y derecho constitucional, César Delgado Guembes, ante los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Omar Chehade Moya (APP), donde participaron también dos expertos de Argentina y Brasil.

De esta manera, la comisión continuó con el debate en torno a la posibilidad de volver a establecer el sistema bicameral en el Perú, de acuerdo con los proyectos de ley 3996/2018, 4111/2018, 4227/2018, 6123/2020, 6132/2020 y 6281/2020, que proponen dicha reforma constitucional.

Para Delgado Guembes cualquier cambio que se proponga en el sistema político no pierde de vista ese objetivo.
“Necesitamos examinar en qué medida la relación que se produce entre las cámaras, el Poder Ejecutivo, el pueblo, y los representantes puede ser solucionado con el solo cambio de las cámaras”, precisó.

“No cabe esperar una mejora”, prosiguió, “independiente de otras variables como el régimen electoral, la relación con los partidos políticos o con el Poder Ejecutivo. No puede obviarse que la reforma política es una de las tantas variables que deben analizarse para conseguir que nuestro régimen representativo sea más eficiente”.

Por tanto, sostuvo que “cualquier reforma que se intente emprender, desde la Comisión de Constitución (y el Congreso) debe hacerse desde la condición de los congresistas como operadores del cambio, que debe ser un rol que debe integrarse con las perspectivas que debe tener nuestro sistema político a largo plazo”.

César Delgado Guembes enfatizó y reiteró que “no solo cambiar del unicameralismo al bicameralismo nos va a permitir mejorar las relaciones políticas”. Propone que la valla hipotética que condiciona la efectividad de una reforma suceda junto con la mejora de las deficiencias organizacionales del unicameralismo.

Hizo un análisis de las carencias del unicameralismo. Y entre ellas mencionó que las “condiciones inapropiadas para que las agrupaciones partidarias preparen y seleccionen a los militantes o invitados que postulan como candidatos favorecen la ineptitud y la incompetencia en el desempeño de la función representativa”.

“Tenemos problemas de representación”, incidió. “El solo hecho de conocer otras realidades no nos permite solucionar los problemas representativos en el Perú, que son propios, idiosincráticos y vernaculares, inherentes a nuestra historia. No es un dossier de recetas lo que lo va a solucionar”.

“Es cierto que el bicameralismo tiene elementos que nos pueden ayudar. Pero el que exista, no puede pasar por alto una realidad inconclusa, como es el mal funcionamiento del régimen unicameral. Si no se soluciona (ese punto), (esas deficiencias) se trasladarán al régimen bicameral”.

Seguidamente, y luego de brindar una opinión sobre cada una de las iniciativas legislativas, propuso a los miembros tres fases para la implantación de la reforma como una “reingeniería e implantación responsable” de la bicameralidad.

La primera fase es el inicio de la reingeniería, que pasa por la efectividad y realineamiento del unicameralismo; la segunda fase es la reforma, con la formulación y visión del diseño; la tercera fase es la implantación de la reforma, con el desarrollo y sostenibilidad del bicameralismo.

Planteó diez reglas para la reforma, sobre la base de un Congreso inteligente que planea, programa y prioriza su acción en función de la utilidad de sus productos en la república.

La optimización gradual y planeada de la representatividad supone, para Delgado, en términos de costo mantener el 0,6 % del total del presupuesto anual como límite para el presupuesto organizacional del Congreso, lo que supone 100 diputados y 30 senadores o 90 diputados y 40 senadores, que gradualmente se aumenta a 240 disputados y 60 senadores hasta el año 2052.

Delgado Guembes respondió, además, una serie de interrogantes del titular de la comisión, Omar Chehade Mora, y de los parlamentarios María Retamozo Lezama (Frepap), Mirtha Vásquez Chuquilín (FA), Carlo Almerí Veramendi (PP), Isaías Pineda santos (Frepap) y Gino Costa Santolalla (PM).

Experiencia bicameral argentina

La doctora María Paula Cicogna, de la Universidad de Belgrano (Argentina), brindó una disertación sobre el nacimiento del Gobierno argentino una vez obtenida su independencia y sostuvo que la representación parlamentaria bicameral de su país responde a la decisión de sus libertadores de conjugar una fórmula de gobierno mixto: federal y unitario, que generó paz en el interior de su país.

“El Senado argentino sostiene un rol de frenos y contrapesos que generan una especie de control dentro de la división de poderes; y brinda una constante rendición de cuentas”.

Añadió que la bicameralidad promueve la rendición de cuentas y “controla la concentración de poder; favorece la representación equitativa; ayuda a mejorar la calidad democrática y el buen gobierno, y permite a la ciudadanía asegurar su participación.

Experiencia bicameral brasileña

El doctor Celso Campilongo, de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), expuso que la bicameralidad se estableció en su país desde su primera Carta Magna, en 1824, en pleno auge de la monarquía brasileña, y con la influencia europea, y sobre todo francesa.

“La bicameralidad tuvo importancia muy grande en Brasil por razones geográficas y políticas”, expresó. “El federalismo brasileño fue una forma de conciliación de las diversas elites regionales, grupos políticos y grupos de poder económicos regionales. La bicameralidad, el federalismo, la dimensión territorial, el desarrollo en diversas partes; esto explica un poco el éxito y permanencia de la federación, unidad territorial«.

Para el caso brasileño, informó que la representación es simétrica para cada uno de los 27 estados. Hay 81 senadores y 513 diputados. La bicameralidad, dijo, tiene dos objetivos: racionalización de la política brasileña, representación de los estados más chicos; manutención de la unidad territorial del Brasil, lo que es muy importante desde el punto de vista político. Otro aspecto es la posibilidad de obtención de mayor eficiencia en la producción legislativa, manifestó.

Campilongo sostuvo que el Senado tuvo un rol importante en el diálogo en la aproximación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, “en un periodo de grandísima judicialización de la política”. Y “por su capacidad de articulación y moderación con el Tribunal Constitucional”.

Es decir, para el caso brasileño tuvo un “rol de estabilización del sistema político y de control de un “Ejecutivo, que es más conservador”. En resumen, señaló, “el sistema bicameral puede funcionar como una técnica jurídica que esté al servicio del sistema político, en su capacidad de tomar decisiones políticas colectivas”.

Opinión consultiva sobre proyectos de presupuesto 2020

La Comisión de Constitución y Reglamento emitió la opinión consultiva solicitada por el titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en relación con el procedimiento legislativo de los Proyectos de Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 (PL 04714/2019-PE, PL 04713/2019-PE, PL 04712/2019-PE), y PL 04684/2019-PE, Cuenta General de la República que corresponde al 2018.

Los congresistas Carolina Lizárraga Houghton (PM), Martha Chávez Cossío (FP) y Luis Roel Alva (AP) plantearon algunas observaciones que fueron admitidas con cargo a redacción. Seguidamente, el documento fue aprobado por unanimidad.

El dictamen establece que dichas normas extraordinarias fueron emitidas y aprobadas por el Poder Ejecutivo a través de los decretos de urgencia 014, 015 y 016-2019, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución Política, debido a la disolución del Congreso, “por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República debe dictaminar” los mencionados dispositivos.

“Es decir, recomendar su archivamiento, toda vez que al haberse aprobado estos proyectos de ley vía los decretos de urgencia han desaparecido los supuestos indispensables para continuar con su estudio y debate”.

En otro ítem, el dictamen considera que “la cuenta general es un instrumento que permite identificar la existencia de irregularidades en la gestión de los recursos públicos, y siendo que el vencimiento del plazo para la toma de una decisión por parte del Congreso no anula la irregularidad que pudieran existir y, en consecuencia, la responsabilidad funcional y política subsiste en tanto no existan plazos de prescripción o caducidad de la acción”.

En ese sentido, “la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República debe presentar un informe de revisión de la cuenta general a la brevedad posible, a fin de que el Pleno proceda a su debate y votación y, de evidenciarse irregularidades en su ejecución, hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”.

Mujeres parlamentarias

También se aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 3603/2018 y 5920/2020, que proponen incorporar a la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas en el Reglamento del Congreso.

Para ello, la iniciativa modifica el reglamento con la incorporación, en un artículo único, de la quinta disposición final al Reglamento del Congreso de la República, que queda redactada en los siguientes términos:

“QUINTA. – La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, integrada por las congresistas en ejercicio, tiene como finalidad la incidencia para el logro de los fines constitucionales de igualdad y no discriminación de la mujer en los diversos ámbitos”.

“Su duración es la del periodo parlamentario y elige anualmente su mesa directiva, la que elabora y aprueba una memoria anual de gestión que es entregada a Oficialía Mayor para su publicación oportuna en la web institucional”.

“Para el logro de sus fines cuenta con infraestructura y apoyo del Servicio Parlamentario”.

La propuesta fue sometida a una cuestión previa para que no se dictaminara, planteada por la congresista Martha Chávez Cossío, argumentando que la Comisión de Constitución y Reglamento ya no tenía competencia sobre el tema, pues el proyecto había sido exonerado de este procedimiento por la junta de portavoces y se hallaba en la agenda del Congreso de la República.

PRENSA-CONGRESO