El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Juan Burgos Oliveros (PP), demandó este miércoles 11 el cese de toda forma de intimidación y obstrucción frente a los hechos que comprometerían gravemente la institucionalidad del país, en el marco de las indagaciones que realiza ese grupo de trabajo a las cirugías realizadas a la presidenta Dina Boluarte.

El pronunciamiento lo hizo luego de que se diera lectura, durante la décima sesión ordinaria, a una carta notarial remitida por la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cabani a la jefa de Estado, en la que se detallan aspectos sobre su internamiento, intervenciones quirúrgicas y las condiciones en que permaneció hospitalizada entre el 28 y el 30 de junio de 2023.

“El documento remitido por la clínica Cabani resulta contundente y revelador al confirmar que la presidenta se sometió a múltiples cirugías de tipo estético y una funcional en el rostro, con intervención de un equipo médico multidisciplinario, y que se mantuvo hospitalizada sin interrupciones, recibiendo incluso atención domiciliaria posterior. Este hecho desmiente tajantemente la versión oficial dada por la mandataria ante el Congreso y la ciudadanía”, expresó Burgos.

Asimismo, el parlamentario denunció que la presidenta habría emprendido una campaña de amedrentamiento y amenazas contra el personal médico con el fin de impedir su participación ante el grupo de trabajo que dirige.

“Esta conducta configura un grave intento de obstrucción a la búsqueda de la verdad, abuso del poder político e instrumentalización de la investidura presidencial para beneficio personal”, aseveró.

Burgos Oliveros advirtió que, según lo informado en la carta, la presidenta habría estado hospitalizada bajo condiciones de sedación y aislamiento, lo cual permitiría inferir una interrupción fáctica y no declarada del ejercicio de la función presidencial, en contravención de los artículos 114 y 115 de la Constitución Política del Perú.

“La presidenta, en lugar de informar oficialmente su situación médica, optó por ocultar la verdad, abandonando sus funciones constitucionales”, sostuvo.

Además, denunció la retención indebida del expediente clínico original, el cual no ha sido devuelto a la clínica pese a los requerimientos formales, lo que “constituye una grave obstrucción a la justicia que impide la reconstrucción completa de los hechos por parte del Ministerio Público y del Congreso de la República”.

En la sesión, se presentó el abogado Alex Starost, abogado de Renato Cabani Ravello, director de la Clínica Cabani, y el doctor Javier Sánchez e Inngunza, médico especialista en otorrinolaringología, quien informó que los profesionales no pudieron asistir por razones de seguridad y debido a que no se ha levantado formalmente el secreto médico profesional.

El letrado señaló que la presidenta de la república rompió esa confidencialidad al declarar que se trató de otra intervención distinta, lo que convierte la situación en un “dicho contra dicho” que deberá ser esclarecido judicialmente. Reiteró que no se encubrirá ninguna falsedad y que la defensa seguirá la vía legal.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL