Este miércoles 15 se reunió el grupo de trabajo que examina el Decreto de Urgencia 031-2019, que modifica el Decreto Legislativo 1275, que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y locales.

En la sesión participaron el coordinador del grupo, el congresista Marco Arana; la congresista Gladys Andrade; y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sobre el Decreto de Urgencia 031-2019, el director general de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF, Alex Contreras, indicó que perfecciona la manera de medir el saldo de deuda total de los gobiernos regionales y locales.

“Actualmente, tal y como está en el DL 1275, hay algunos conceptos que están sobredimensionando ese saldo de deuda y generan un problema en los gobiernos regionales, porque al tener deuda elevada ya no cumplen reglas fiscales y, por lo tanto, ya no pueden tomar deuda para hacer inversiones”, indicó.

El congresista Marco Arana planteó sus dudas al MEF. “Cuando estamos hablando de estas cantidades de dinero para que puedan ir a los gobiernos regionales por obras por impuestos, ¿el MEF ha tomado en cuenta que hay un conjunto de dificultades en los temas de control en obras por impuestos sobre cómo se ejecuta el gasto?”, preguntó.

Agregó que estamos hablando de la dinamización de la economía local, pero también de un conjunto de “empresas privadas que se quieran acoger a la devolución por impuestos bajo este esquema”.

En ese sentido, indicó que hay que tomar en cuenta a quién se beneficia. “Son obras por impuesto que, siendo dinero público, terminan manejadas bajo la lógica privada. ¿Han mapeado esos riesgos y dificultades, mas aún con las debilidades en su capacidad de gestión que están teniendo los gobiernos regionales?”, expresó.

La congresista Gladys Andrade señaló que si bien el DU incrementará las inversiones de los gobiernos locales y regionales “¿qué nos garantiza que puedan ejecutar en su totalidad la exclusión de los pasivos derivados de la ejecución de las sentencias judiciales en materia laboral?”

PRENSA-CONGRESO