Con la participación de representantes del ministerio de Transportes y Comunicaciones y del presidente del organismo regulador del sector, Osiptel, los miembros de la comisión participaron y debatieron el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información y Comunicación, presentada a iniciativa del congresista Wuilliam Monterola.

La propuesta establece el marco normativo general para regir las actividades relacionadas con ese sector en el territorio nacional y define la organización, competencias, funciones derechos y obligaciones de los organismos competentes. También norma el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.

Al respecto, José Aguilar Reátegui, director general de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Viceministerio de Comunicaciones del MTC, dijo que la ley actual tiene alrededor de 28 años y no es compatible con las nuevas tendencias tecnológicas y competitivas. Además, subrayó que tiene vacíos que deben ser actualizados para evitar el aprovechamiento de actuales operadores.

También dijo que el actual crecimiento de la demanda de datos móviles por el incremento de usuarios y uso del internet impone nuevos retos en la administración del espectro radiactivo. “El objetivo de la nueva ley es que el ministerio de Transportes y Comunicaciones mantenga su rol rector y Osiptel sea el árbitro del mercado”.

Propuso que para mejorar la ley de telecomunicaciones se desarrollen foros especializados donde intervengan todos los actores: la industria, la sociedad civil, la academia y los usuarios en un amplio debate técnico con expertos internacionales.

Por su parte, Rafael Muente Schwarz, presidente del Consejo Directivo de Osiptel, opinó que las funciones, competencias y responsabilidades deben ser atribuidas a la entidad que esté en mejor condición y capacidad institucional y técnica de asumirlas en el largo plazo, con el objetivo de promover el desarrollo y la competencia en los servicios regulados y supervisados por Osiptel en condiciones de autonomía, transparencia e imparcialidad.

Advirtió que tratar de modificar la actual Ley de Telecomunicaciones (de 1991) “es un tema delicado” porque sería cambiar el diseño institucional de las telecomunicaciones en el país y las competencias que se le ha dado a Osiptel.

Dijo que podría haber graves distorsiones. El rol del Estado no es bajar las tarifas, éstas se dan en función al proceso competitivo y eficiencia de las empresas de telecomunicaciones en el mercado.

Afirmó que el Estado no debe intervenir indebidamente en este proceso y serán las empresas las que decidan las tarifas en base a la competencia del mercado.

Comentó que Osiptel es el primer ente regulador que pidió ser evaluado por el OCDE. Se trata de fortalecer el organismo regulador y el proyecto que se propone plantea cambios en el rol que desempeñan el ministerio de Transportes y Comunicaciones y Osiptel.

Señaló que se debe respetar lo establecido por el Tribunal Constitucional acerca del Rol de los Organismos Reguladores bajo el marco del régimen económico consagrado en la Constitución Política (Exp.008-2003-AI/TC – Exp.034-2004-PI/TC) y la Ley Marco de los Organismos Reguladores (Ley N° 27332).

Por otro lado, subrayó que el objetivo no debe ser reducir tarifas per-se, más bien el régimen tarifario debe orientarse a asegurar tarifas razonables a costos eficientes, promoviendo y facilitando la competencia y el desarrollo sostenido del sector.

La congresista Karla Schaefer expresó su preocupación por el incremento de la instalación de antenas para asegurar un mejor servicio con tecnología de última generación. “42 millones de celulares tiene la población. La tecnología avanza muy rápido y la infraestructura debe ser compartida con el sector privado y público y no llenar de postes y cables la ciudad”, observó la legisladora.

A ello el congresista Guillermo Martorell preguntó sobre una ley que establece que los municipios están obligados a autorizar la instalación de antenas, mientras que por otro lado se está generando un rechazo colectivo de la población sustentado en la nocividad para su salud. ¿Cuál es la verdad, es nocivo o no? ¿A más antenas mayor calidad de comunicación?, preguntó el legislador.

El representante del MTC dijo que las antenas se encuentran controladas y que la radiación que puede llegar a un tope de 10, sin hacer daño, se encuentra en 1. Agregó que para reducir la brecha de infraestructura se deben instalar 31 mil antenas y tenemos sólo 15 mil.

A ello, el representante de Osiptel agregó que no hay evidencias que mientras más celulares se usan o más antenas instaladas aumentan los casos de cáncer “No existe daño directo por el uso de tecnología móvil. La tecnología de los celulares es igual en todo el mundo”, puntualizó.

Por su parte el congresista Gilmer Trujillo defendió el derecho de los usuarios del servicio de telefonía de las zonas más alejadas del país.

“Nosotros en Lima tenemos la facilidad de tener a todos los operadores. La prioridad debe ser las zonas rurales y después la urbana porque un buen servicio de telefonía puede salvar vidas. Una de las funciones de Osiptel es velar por la calidad del servicio.

PRENSA CONGRESO
18-6-19