En el marco de la decimosexta reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), realizada en el Congreso de la República, sesionó el grupo de trabajo sobre la seguridad, terrorismo, amenazas híbridas y lucha contra la delincuencia organizada y nuevas formas de criminalidad, que discutió sobre la lucha contra el crimen organizado desde una perspectiva multidimensional.

En la reunión participó el congresista Edward Málaga (Avanza País), quien indicó que el multilateralismo es esencial como canal de comunicación entre países en foros bilaterales, entre otros, a fin de luchar contra la criminalidad organizada.

“Las amenazas son internacionales, donde hay cárteles internacionales que operan cada vez más de forma difusa entre fronteras; por ello, no podemos dejar la seguridad solo a cada país”, manifestó.

Asimismo, dijo que en Latinoamérica nos encontramos desprovistos en cuanto a tecnología y ciberseguridad, por lo que consideró que la cooperación es esencial con socios confiables como la Unión Europea.

“Por eso tenemos una alianza interparlamentaria sobre ciberseguridad que se reúne anualmente en diferentes foros”, dijo.

También expuso Ricardo Valdés, director de la organización Capital Humano y Social Alternativo y ex viceministro del Interior, quien sostuvo que en el Perú las economías criminales operan principalmente en la minería ilegal, que viene exportando cerca de 80 toneladas de oro ilegal.

Asimismo, se refirió a la trata de personas, que se ha internacionalizado a consecuencia de la migración de la delincuencia en América Latina. Aseveró que existe la explotación de niños, niñas y adolescentes en línea (virtual), que tiene un consumo no solo local sino global.

Para combatir ello, según Valdez, se deben fortalecer las estrategias de seguridad e inteligencia, así como una presencia estatal efectiva y una política anticorrupción sin tolerancia. Además, dijo que es clave una respuesta multisectorial técnica y sostenible.

A su turno, el parlamentario andino, Luis Galarreta, recordó que antes en el Perú había “coche bombas” por todos lados por el terrorismo, que fue derrotado con un trabajo de inteligencia.

Sin embargo, precisó que en los últimos años, el servicio de inteligencia se ha relajado, además de nuestras autoridades.

En ese sentido, resaltó que el derecho más importante de una persona es la vida y la libertad, lo que -consideró- no se tiene por completo,  pues en muchos países los escolares no pueden ir a estudiar seguros porque los pueden matar por un celular.

En tanto, Rafael Rodríguez, parlamentario y representante de Ecuador, señaló que, lamentablemente, en su país el delito de terrorismo tiene una pena entre 13 y 16 años y que, en Chile, es de 15 a 20 años, entre otros ejemplos. A su juicio, la cárcel por terrorismo depende de la nacionalidad y no es homogénea.

Luego, dijo que es importante que haya leyes que protejan a los ciudadanos de bien, pues sin ello no podría garantizar la seguridad en el mundo.

Finalmente, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y director del Centro de Desarrollo Integral (Cendeit), dijo que el problema de la minería ilegal en el Perú tiene que ver principalmente con malas políticas públicas.

“Tenemos un Estado ausente, pero no por su falta de intervención, sino porque no te da seguridad ni libertad para poder desarrollarte, poder crecer y buscar prosperidad”, resaltó en su ponencia.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL