ESTUDIAN SANCIONES AL ACOSO VIRTUAL

Centro de Noticias del Congreso

02 Jun 2017 | 13:04 h

El legislador Alberto De Belaunde (PPK)  afirmó que en el tema de  la violencia contra la mujer tiene también que comprometerse de manera más decidida la empresa privada. Esta tarea no sólo puede involucrar a la sociedad civil y al Estado, reflexionó  el congresista durante la mesa de trabajo que organizó para recibir aportes respecto al tema de “Acoso Virtual Contra la Mujer”.

Nadia Gonzales, de la Defensoría del Pueblo, dijo que el problema de violencia contra la mujer  se agrava cuando de por medio está también el componente racista. Es mayor  la incidencia  violenta cuando se trata de mujeres  procedentes de la sierra y selva.

La Coronel de la Policía Nacional y también psicoterapeuta, Isabel  Martel Figueroa, pidió mayor celeridad al Poder Judicial para coadyuvar en la atención de víctimas de acoso, violencia y violación contra niños y mujeres. Siendo la PNP el primer escalón donde se reciben las denuncias de las víctimas, dijo muchas veces ver que los procesos de citar a los acosadores se dilatan hasta en varios meses lo que origina que el caso se desvirtúe o que las víctimas desistan de su denuncia.

Asimismo, dijo que es necesario dotar de mayores recursos  y estrategias a la PNP para combatir también el mal uso de la tecnología; sin embargo la autoridad sostuvo que de acuerdo a su experiencia puede afirmar que el mayor porcentaje de víctimas de acoso son aquellas procedentes de hogares fracturados o de familias con relaciones altamente tóxicas.

Pidió, asimismo, a los padres de familia no proveer de instrumentos tecnológicos como medio de resarcir otras carencias afectivas. El acoso especialmente a los niños y niñas se descubre cuando ya ha pasado a ser un hecho crítico y en el mayor de los casos también procede de personas cercanas o conocidas por las familias.

Leyla Ariana Huerta, representante de la comunidad Trans ‘Féminas’, denunció el maltrato que sufren por parte de las mismas autoridades policiales y serenazgo que no respetan sus derechos básicos.

Las integrantes de la comunidad trans, tienen negado el acceso a cualquier centro laboral y muchas veces  ejercen trabajos sexuales como un medio se sobrevivencia, afirmó. También criticó la posición de los medios de comunicación, especialmente programas televisivos, que ligan a esta comunidad con hechos delictivos,  lo que logra  generar un rechazo e imagen distorsionada en la opinión pública.

Erick Iriarte, especialista independiente, pidió al legislador De Belaunde, lograr que nuestro país firme el Convenio de Budapest que hace 16 años existe y que pertenecer al mismo  permitiría  acceder a la cooperación internacional para que la Policía tenga mayores elementos transfronterizos  en la persecución del delito de acoso mediante elementos virtuales.

El tema está entrampado en la Cancillería y en el Ministerio del Interior, comentó, al tiempo de pedir que el Congreso provea también de estas herramientas legales que sirven para perseguir los crímenes de odio y xenofobia. Sería una excelente ayuda para la policía, fiscales y jueces que evalúan estos casos, afirmó.

El problema no es la tecnología, la regulación debe ser sobre las conductas de las personas, el acoso se da en diferentes espacios y todos tienen que ser combatidos, dijo.

Por su parte, Fátima Temoche, columnista de Perú 21, reflexionó sobre las leyes y reglamentos que lamentablemente no se cumplen sobre la materia de acoso. Hay que visibilizar el problema de acoso virtual como se hizo con el acoso en el transporte público, existen vacíos legales que dejan sin protección a la mujer,  se muestra violaciones  y casos de violencia en las redes.

 Está pendiente un registro donde figuren todos los acosadores, dijo e instó a las autoridades a hacer un seguimiento cercano a los usuarios de redes que demuestran  un discurso de odio y  perfil  de potenciales  acosadores.

De Belaunde sostuvo que el delito de acoso virtual ya es tipificado y reconocido en varios países como India y Australia; aquí este tipo de mesas de trabajo tienen el objetivo de revisar otras normativas y compararlas con nuestra realidad, comentó el congresista de PpK.(EPA)

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