En su primer año de trabajo en el actual Congreso, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos empoderó a la Contraloría General de la República con dos leyes claves: aquella que extiende su ámbito de acción para fiscalizar las declaraciones de ingresos, bienes y rentas que todos los funcionarios públicos, personal de confianza y servidores públicos están obligados a presentar y, que no resulta exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales indemnizatorias ejercidas por el ente contralor. 

Se trata de las leyes 30514, publicada el 10 de noviembre del 2016 y la 30521, vigente desde el 9 de diciembre del año anterior, respectivamente. La tercera ley que está vigente y que se originó en la Comisión de Justicia es la 30550 que reconoce los quehaceres para la crianza y el bienestar del hogar como aportes al juez cuando determine la pensión de alimentos. 

De acuerdo al balance proporcionado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, existen dos proyectos de ley con autógrafa de ley: que propone modificar el artículo 316 del Código Penal para incorporar criterios de aplicación al delito de apología y la que modifica los artículos 46 y 50 del Código de Ejecución Penal para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes. 

Quedaron en la agenda del pleno del Congreso un total de 14 dictámenes, entre éstos aquel que faculta a los notarios a celebrar matrimonio civil; el que protege la vida de los niños recién nacidos en situación de riesgo y vulnerabilidad; el uso obligatorio del sistema de identificación biométrica en todas las notarías del Perú; la que crea el Plan Nacional de Reparaciones y el que propone la construcción de nuevos centros penitenciarios a más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar. 

Paralelamente, la Comisión de Justicia realizó varias mesas de trabajo para examinar el tema de la imprescriptibilidad desde el enfoque constitucional y penal; el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal y sobre las denominadas cunas salvadoras. 

En la legislatura 2016-2017 fue la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, la autoridad que se presentó en cuatro oportunidades para rendir informes sobre temas de su sector. También se presentaron el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona; la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinoza; Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura; el ministro del Interior, Carlos Basombrío; y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Vásquez. (JSR)

PRENSA-CONGRESO

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