La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, informó, en conferencia de prensa, que el viernes 14 de octubre, ese grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

En la víspera, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, remitió al Parlamento Nacional la referida acusación contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

En la denuncia también se acusa de los mismos delitos a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo; y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, mediante este procedimiento se efectúa el antejuicio de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política y se desarrolla con determinadas reglas que cuidan el debido proceso.

Una vez que se da cuenta la denuncia constitucional, Camones Soriano declaró que “a partir de allí tenemos diez días hábiles para calificar esta denuncia”, y en ese periodo se efectuará una evaluación de la denuncia, es decir, “valorar las interpretaciones que corresponden, y ver si procede o no”.

En respuesta a las consultas esgrimidas, la titular de la subcomisión precisó que “la calificación no le corresponde al presidente de la República y mucho menos al premier”, y reiteró que “en el plazo de diez días vamos a dar toda esa interpretación, que incluye, obviamente, el artículo 117 de la Constitución y de la Convención (contra la Corrupción) invocada por la fiscal”.

Lady Camones Soriano resaltó que sobre esta denuncia no puede adelantar una opinión, puesto que ello se encuentra dentro del marco del respeto al procedimiento establecido por el Reglamento del Congreso.

Sobre la necesidad de priorizar la denuncia de la fiscal de la Nación, continuó, se le da “no porque se tiene un ánimo de ir en contra de la investidura de la presidencia de la República, sino porque es un hecho histórico, un hecho que pone en riesgo la democracia, la estabilidad jurídica, política, de nuestro país”.

“La prioridad no tiene que ver con el hecho de que estoy o no a favor de esto”, enfatizó.

El Reglamento del Congreso, efectivamente, dispone en el inciso c) del artículo 89 que la “calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de las denuncias, se realizará en un plazo máximo de diez (10) días hábiles”, conforme a determinados criterios.

Si el informe de calificación es admitido y procedente, siempre de acuerdo con el artículo citado en su inciso d), se presenta ante la Comisión Permanente, que “aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez”.

OFICINA DE COMUNICACIONES