La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Arturo Alegría García (FP), debatirá y votará este martes 4, desde las 10:00 horas, la propuesta de reforma constitucional que incluye el levantamiento de la reserva bursátil y los delitos de extorsión y sicariato en el supuesto del plazo máximo de 15 días naturales para la detención.

Se trata del dictamen recaído en los proyectos de ley 7777/2023-PJ, 9354/2024-CR, 12338/2025-CR, 12440/2025-CR, 12894/2024-CR, 12985/2025-CR y 5816/2023-CR, que propone ley de reforma constitucional que modifica los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, a fin de asegurar la eficacia de las investigaciones y fortalecer la seguridad ciudadana.

Según el análisis efectuado por la comisión, la propuesta de incluir los delitos de sicariato y extorsión dentro de los supuestos excepcionales que permiten ampliar el plazo de detención policial hasta por quince días naturales, responde a una necesidad concreta del Estado peruano de fortalecer la respuesta penal frente a la criminalidad organizada violenta.

Señala que “la regulación actual, que fija un plazo ordinario de 48 horas, resulta insuficiente para la investigación de estructuras criminales que actúan con sofisticación, anonimato y violencia sistemática. Tanto el sicariato como la extorsión constituyen manifestaciones de un mismo fenómeno de criminalidad compleja, caracterizado por el empleo de redes logísticas, comunicación encriptada, uso de cuentas bancarias ficticias, testaferros y movimientos financieros transnacionales”.

BENEFICIOS

Entre los beneficios resaltan que la PNP y el Ministerio Público contarán con un mayor plazo para efectuar investigaciones en casos de extorsión y sicariato; se permitirá el levantamiento del secreto bursátil para investigar sobre las ramificaciones financieras de la criminalidad; se reducirá la posibilidad de liberar sin investigación suficiente evitando así la impunidad, y se permitirá que se evite que los delincuentes puedan beneficiarse de los frutos económicos del delito.

Además, el Poder Judicial contará con mayor calidad de información para resolver sobre las denuncias penales, lo que contribuirá a mejorar las actuaciones coordinadas con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, entre otros aspectos positivos.

CRIMINALIDAD EN ALZA

El dictamen también revela algunas cifras alarmantes. Señala que el sicariato, entendido como el asesinato por encargo, representa hoy uno de los mayores desafíos a la seguridad ciudadana. Según la Policía Nacional del Perú, en el año 2024 se registraron 1,125 homicidios por sicariato, mientras que las cifras parciales de 2025 confirman la continuidad de esta tendencia letal.

Por su parte, la extorsión se ha convertido en un delito pluriofensivo que atenta contra la libertad, la integridad y la economía de las personas. Entre enero y septiembre de 2025, el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) registró 20,705 denuncias por extorsión, lo que representa un incremento del 28,8 % respecto al mismo período del año anterior. Estas cifras, difundidas por el Ministerio del Interior y confirmadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, demuestran que el Perú enfrenta un fenómeno en expansión, con epicentros en el Callao, Trujillo, Piura y Tumbes.

La sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento será transmitida por la plataforma informativa del Parlamento nacional.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL