Para ser nombrado ministro de Estado será indispensable no contar con sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso o estar inhabilitado para ejercer un cargo público.

Tampoco podrán ser nombrados presidente del Consejo de Ministros (PCM) o ministros en las carteras del Interior y de Defensa, quienes se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas.

Así lo decidió, el jueves 13, el Pleno del Congreso al aprobar, en segunda votación, por 75 votos a favor y 43 en contra, el texto sustitutorio consensuado de las Comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado; y Constitución y Reglamento.

De esta manera, la iniciativa quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

El pasado 17 de diciembre el Pleno del Congreso había aprobado, en primera votación, con 73 votos, el referido texto, que plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en lo que se refiere al nombramiento de ministros de Estado y viceministros.

El dictamen correspondiente recoge las iniciativas legislativas de los congresistas Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País), Diego Bazán Calderón (Avanza País); y Víctor Flores Ruiz (FP). Un cuarto autor es la Defensoría del Pueblo.

La titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez Gallegos (FP), señaló que, de acuerdo con el dictamen, el presidente de la PCM es responsable de verificar el contenido de la declaración jurada e informar al Congreso de la República en un plazo no mayor de cinco días hábiles, luego de publicada la resolución de nombramiento.

En el caso del nombramiento de los viceministros se sigue el mismo procedimiento.

“La propuesta garantiza que quienes vayan a ser designados ministros o viceministros, pero sobre todo el titular de la PCM, Defensa y del Interior, sean personas idóneas y se evite que la designación de los referidos funcionarios constituya un acto lesivo de principios y valores democráticos recogidos en la Constitución”, expresó.

Sostuvo que también se logrará evitar los enfrentamientos de cuestionamientos sobre la idoneidad de algún ministro de Estado.

Durante el debate, el congresista Germán Tacuri Valdivia (PL), consideró que la intención de la iniciativa es restringir las posibilidades del Gobierno. De otro lado, a manera de ejemplo, se refirió al caso de las denuncias que están siendo tomadas como cosa juzgada, pese a que no está definida la situación.

Los parlamentarios Américo Gonza Castillo (PL), Luis Kamiche Morante (PD) y Alex Paredes Gonzales (PL), entre otros, cuestionaron el contenido del dictamen porque “se impedirá a los jóvenes tener oportunidad por la exigencia de experiencia; antes que los títulos debe haber valores; y que debe presumirse la inocencia, respectivamente.

Por su lado, Bazán Calderón, uno de los autores, dijo que el presidente de la PCM debe tener personal de confianza, pero con criterios técnicos.
Amuruz Dulanto, defendió su propuesta, señalando que la iniciativa norma que los funcionarios propuestos deben ser idóneos.

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