El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda y definitiva votación la iniciativa legislativa que propone incorporar nuevos requisitos para garantizar el nombramiento meritocrático y transparente de embajadores de confianza por parte del presidente de la República.

La votación fue de 59 votos a favor, 49 votos en contra y tres abstenciones.

La propuesta modifica la Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República y se basa en el Proyecto de Ley 641/2021, cuyo autor es el congresista José Elías Ávalos (NoA). Obtuvo en primera votación, en la sesión plenaria del 28 de abril último, 70 votos a favor, 37 votos en contra y cero abstenciones.

El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP), reiteró que con esta norma no se limita o recorta el derecho del presidente de la República a nombrar embajadores de su confianza, sino que simplemente se extienden algunos requisitos que se adecúan para lograr dicha idoneidad en el ejercicio del cargo.

Entre dichos requisitos, destaca el hecho de que deben ostentar “título profesional expedido por universidad, registrado ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y habilitado por el colegio profesional correspondiente”.

Además, subrayó que deben acreditar “el dominio de un idioma internacional, independientemente del idioma natal”; no tener sentencia condenatoria, y no encontrarse en el Registro de Deudores Alimentarios Moros del Poder Judicial, ni en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

En el breve debate que antecedió a la aprobación de esta norma, la congresista Susel Paredes Piqué (SP) manifestó su preocupación de que los embajadores políticos tengan que estar colegiados, puesto que muchas personalidades no pasaron por universidades pero que, sin embargo, tiene una excelente trayectoria.

El autor de la norma, José Elías Ávalos, también intervino para sugerir que se incorpore en el texto la paridad de género, a lo cual el congresista Bustamante Donayre consideró que podría incorporarse en el reglamento que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe elaborar en un plazo no mayor de treinta días calendario.

OFICINA DE COMUNICACIONES