Por mayoría fue aprobada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la propuesta que plantea el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Sistema Nacional Penitenciario del Perú, a través de la incorporación voluntaria a la carrera pública penitenciaria.

El autor de la propuesta, el congresista Daniel Urresti Elera (PP), sostuvo que la norma beneficiaría las condiciones laborales de los servidores penitenciarios para el logro de los objetivos institucionales, entre ellos la resocialización.

“La norma cambiará sustancialmente el trato que hay actualmente en las cárceles, tanto en la rehabilitación como en el cuidado y lucha contra la corrupción”, expresó.

Para el caso se considerará necesario que dichos servidores cumplan algunos requisitos, como tener más de dos años consecutivos como mínimo de contrato administrativo vigente a la fecha de convocatoria del programa de incorporación progresiva.

También haber aprobado el curso de formación en seguridad penitenciaria del Centro Nacional de estudios Criminológicos y Penitenciarios para el caso del personal de seguridad.

La iniciativa plantea una duración máxima de tres años y establecerá el número de plazas, los porcentajes de incorporación anual, los requisitos y procedimientos.

Se propone la excepción del requisito de edad previsto en la ley y que deberá comenzar el primero de enero del 2021., y mediante un concurso público se establece un programa a la carrera especial pública penitenciaria.

“La crisis que atraviesa el sistema penitenciario suena trillado y repetitivo implica que es producto del hacinamiento, las dificultades en la salud, el cuestionamiento en el tratamiento penitenciario y el proceso de resocialización, los conflictos que padece el personal del INPE, la población penal. Día a día va incrementándose”, expresó la presidenta de la comisión, Leslye Lazo Villón (AP) durante la exposición del predictamen.

DL SOBRE MIGRACIONES

Durante la sesión, el grupo de trabajo escuchó las opiniones institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la ley que modifica e incorpora diversos artículos del decreto legislativo de migraciones e incorpora un artículo al Código Penal.

El director de Recursos Humanos y presidente de la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gonzalo Guillén Becker, dijo que es correcto y necesario buscar los mecanismos para garantizar el orden público y la seguridad de la población.

Dijo que en el caso del pedido masivo de refugio de los extranjeros, particularmente de los venezolanos es reflejo de la ausencia de mecanismos migratorios de regularización adecuados a las circunstancias.

Empero, se manifestó en desacuerdo con varios aspectos que podrían ser declarados anticonstitucionales.

Por su lado, el embajador Jorge Antonio Méndez Torres Llosa, director general de las Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó las normas legales que se aplican a los refugiados.

En el caso de los venezolanos, dijo que son 890 mil el total de migrantes, pero los solicitantes de refugio son aproximadamente 490 mil.

GRUPOS DE TRABAJO

De otro lado, la comisión aprobó por mayoría la formación de tres grupos de trabajo, por espacio de 90 días, para estudiar y evaluar temas vinculados al sector. El primero, para estudiar sobre los fallecimientos por COVID 19, motines y situación sanitaria en los centros penitenciarios durante el estado de emergencia nacional.

El segundo grupo, fue aprobado por mayoría, para tratar sobre la política, planes, acciones, servicios y estrategias en el sistema penitenciario para resolver el problema de hacinamiento en los centros de reclusión.

Un tercer grupo, también fue aprobado para examinar y evaluar las denuncias a violaciones a los derechos humanos y el cumplimiento del protocolo para el uso de la fuerza en los conflictos de Espinar en el Cusco y Bretaña en Loreto.

REPRESENTANTE DEL MINJUS

Durante la sesión la comisión escuchó la opinión del representante del Ministerio de Justicia, Iván Calixto Peñafiel, sobre la propuesta de ley que plantea modificar el mecanismo de elección del Presidente de la Corte Suprema de la República y de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia.

El especialista se manifestó de acuerdo con las modificaciones presentadas en una elección en la que participarían alrededor de mil 746 jueces titulares.

En un momento de la sesión, la titular de la comisión anunció que en la primera semana de setiembre participará en el grupo de trabajo la ministra de Justicia, Ana Neyra Zegarra, para exponer sobre las políticas de Estado, facultades que otorgó el Poder Legislativo, cómo ha impactado el confinamiento y liberación de algunos reos en la inseguridad ciudadana, los niños que están siendo contagiados en los centros penitenciarios, entre otros temas.

Lima, 19 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO