Las implicancias de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron examinadas en la sesión extraordinaria que realizó la Comisión de Constitución y Reglamento el jueves 27, por parte de especialistas en la materia.

Uno de los invitados al grupo de trabajo que preside Hernando Guerra García (FP), fue el excanciller de la República, Francisco Tudela, quien dijo que las razones que se argumentan en el documento remitido por el Gobierno de Pedro Castillo a la OEA para activar la Carta Democrática se fundamentan “en situaciones subjetivas”.

Recordó que la OEA tiene como propósito esencial, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención.

“Debemos entender (el principio de no intervención) que mientras los procesos democráticos constitucionales de Estado de derecho y de debido proceso de un país miembro de la OEA estén funcionando normalmente”, precisó Tudela.

Agregó que el artículo 3 de la carta de la OEA establece que el derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones reciprocas, pero que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas en los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.

En otro momento, opinó que la decisión de la fiscal de la Nación que interpuso la denuncia constitucional contra el presidente de la República, es un acto lícito.

“De acuerdo a la Constitución Política del Estado ningún congresista puede ser censurado o enjuiciado por sus opiniones y lo que cada congresista opine lo hace libremente y le corresponde solo a él y no a una especie de conspiración de instituciones constitucionales del Estado”, refirió.

Por su lado, el ex canciller de la República, Luis Gonzales Posada, fue enfático al demandar que se esclarezca la verdad.

“La verdad es que el Congreso no ha incumplido una norma constitucional, como tampoco lo ha hecho el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República ni la Defensoría del Pueblo, todos los cuales han formulado las acusaciones contra un Gobierno que está haciendo actos de barbarie y que lo vemos todos los días y lo que no pueden hacer es taparnos la boca y presionar para que nadie hable”, añadió.

Agregó que la maniobra (del Gobierno) se va a derrumbar y caerá cuando venga la misión de la OEA y descubra el velo de misterio que ha puesto el Gobierno, su propaganda y su portátil diplomática quedará en evidencia.

“A mí lo que me golpea, como exministro de Relaciones Exteriores, es que se utilice a la Cancillería como un instrumento político en defensa de un régimen. Quienes lo hacen no son gente vinculada ideológicamente al Gobierno”, sostuvo Gonzales Posada.

Dijo que la misión de la OEA será recibida con las comisiones o los equipos que determine el Congreso que demostrarán que cada uno de los pasos que ha dado esta institución han sido conforme a ley y bien estudiados.

“Cuando vayan al Ministerio Publico también demostrarán que las siete carpetas fiscales están debidamente sustentadas, con docenas de elementos de convicción, declaraciones y grabaciones, no de la oposición sino, de los propios miembros del gobierno”, agregó.

Recomendó que la OEA tenga una reunión con los gremios de periodistas del Perú porque los hombres de prensa han sido ofendidos sistemáticamente y maltratados.

Finalmente observó que la Carta Democrática es defectuosa, es decir, necesita perfeccionamiento porque tiene dos décadas de funcionamiento y ha sido inaplicada; por lo tanto, deberá ser reformulada, modificada, mejorada y la OEA debe entender que su labor fundamental es no prestarse a maniobras de esta naturaleza que desnaturaliza sus funciones.

MÁS EXPERTOS

La comisión también recibió al embajador Hugo de Zela Martínez, quien consideró que el envío de la misión de la OEA a nuestro país es un reconocimiento implícito de que no basta y no es suficiente, para la Comisión Permanente de este importante organismo, la versión del Poder Ejecutivo.

“Por eso decidieron que era mejor enviar una misión para que en el terreno tome conocimiento de lo que esté ocurriendo y después informe lo que es. Eso no es nuevo en la vida de la OEA”, afirmó.

Quien ha sido dos veces embajador en la OEA con experiencia en situaciones similares a la que hoy toca al Perú, explicó sobre los límites en su participación y capacidades, y en ese contexto indicó que es “absolutamente normal que cuando el Gobierno de un país pide que se active la Carta Democrática, esto ocurra”.

Por su lado, el catedrático y jurista Francisco Eguiguren Praeli consideró que la crisis política en el Perú -prolongada por más de seis años- “ha desnudado algún tipo de carencia de respuesta en nuestros preceptos constitucionales”.

En lo que respecta a la visita de una delegación de la OEA, señaló que esta “no podrá hacer nada que nosotros no queramos».

«No puede ordenar, no puede disponer, no puede sustituir a los actores políticos peruanos en la forma más adecuada de resolver sus problemas” y en todo caso solo podrá actuar como moderador para intentar solucionar el conflicto, agregó.

Finalmente, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz Muñoz, explicó aspectos procedimentales de la intervención de la OEA y coincidió en que tiene sus restricciones y limitaciones y que la Carta Democrática ha servido para acompañar para ir a procesos de reforma constitucional y referéndums para solucionar su crisis política.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En la Comisión de Constitución y Reglamento, la congresista Gladys Echaíz (RP) manifestó su preocupación con relación a la respuesta de la Organización de los Estados Americanos frente al pedido del Gobierno de activar la Carta Democrática Interamericana bajo el argumento de preservar la institucionalidad y el legítimo ejercicio del poder.

Amparándose en el artículo primero de la Carta de la Organización de los Estados Americanos puntualizó que la OEA no tiene más facultades que aquellas que le confiere dicha carta, “ninguna de aquellas le autoriza intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los estados miembros”, subrayó la legisladora.

La parlamentaria observó que la carta que se envía a la OEA solicitando su intervención contiene una sucesión de hechos vinculados con asuntos que son materia o competencia de los órganos jurisdiccionales del Perú, con competencias y atribuciones del Congreso de la República debidamente contenidos en la Constitución Política y se considera estos como actuaciones irregulares.

“¿Cuál es el rol de la OEA en la lucha contra la corrupción y porque viene a pedirnos cuenta a nosotros por trabajar en esa dirección, en la lucha contra la corrupción?; preguntó la legisladora.

OFICINA DE COMUNICACIONES