La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,  Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), preguntó por qué recién el Ejecutivo toma la decisión de darle un rol más protagónico a las Fuerzas Armadas para asumir el control territorial, tras el asesinato de 13 trabajadores mineros, en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad.

Así lo expresó en la sesión de su grupo de trabajo ante la presencia del ministro de Interior, Julio Díaz Zulueta y el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola Delgado, quienes señalaron que lo sucedido en Pataz es un problema que involucra a diferentes sectores del Estado como minería, transporte, fiscalía, gobiernos locales y al Congreso.

Tudela Gutiérrez sostuvo que el crimen organizado y la minería ilegal han infiltrado diversas instituciones y que eso no puede ser una justificación que exima de responsabilidad a los sectores que están directamente encargados de garantizar la seguridad ciudadana.

“Qué es lo que ha venido haciendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas  durante la vigencia del estado de emergencia que ha sido prorrogado en varias oportunidades. No hay resultados concretos y porqué es que no se puede restringir el acceso a Pataz de los insumos que utiliza la minería ilegal, es decir, se necesita una caseta policial para que se restrinja el ingreso de los insumos”, expresó.

Respecto a la suspensión absoluta de la actividad minera en Pataz, la legisladora se preguntó si el Ejecutivo ha evaluado el costo de esta medida porque el sector formal va a asumir el pasivo y que el Estado no responda de manera eficaz y eficiente.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), dijo que a la fecha no se ha podido solucionar la formalización minera. “Siempre se ha tratado este problema desde la óptica de la gran minería y no realmente desde un enfoque integral como debería ser, son muchas las familias que viven de la minería artesanal”, expresó.

El legislador José Williams Zapata (Avanza País),  señaló no saber si la Policía agotó sus recursos, capacidades y competencias que tienen para haber solicitado que las Fuerzas Armadas intervengan en Pataz. “Ese es un asunto que deben haberlo evaluado y esperemos que funcione bien porque hay tareas que responden al orden interno”, sostuvo.

Su colega Víctor Cutipa Ccama (JPP-VDP), propuso que se debe intervenir en los interiores de los socavones donde se encuentren las armas de guerra. El legislador Edwin Martínez Talavera (NA), informó que los gobiernos regionales son cómplices de las minerías informales al no formalizarlos.

El congresista José Cueto Aservi (HD), lamentó que recién se declare el control total de la Fuerza Armadas. “Sé que eso no es lo ideal, pero no olvidemos que estamos en estado de emergencia, ya dejemos los discursos, comunicados y acciones que en realidad no han llevado nada”, dijo.

Ministro de Interior

Por su parte, el ministro de Interior, Julio Díaz Zulueta, sostuvo que estamos ante un crimen organizado con poder, dinero y armas que aprovecha la falta de control en varias áreas a fin de fortalecerse.

“La Policía no puede luchar sola, necesitamos que todo el Estado actúe unido y coordinado, solo así trabajaremos juntos con decisión y sin dejar vacíos”, subrayó.

Remarcó que el crimen organizado no se enfrenta solo con balas, sino también con leyes, fiscalización, inversión y presencia real del Estado.

“Este es un reto que nos exige trabajar con un solo equipo sin excusas y sin protagonismos. Se dispuso en la brevedad se ejecuten operaciones policiales en Pataz, tanto así, que fueron destacados 800 policías y 200 de las Fuerzas Armadas”, concluyó.

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