La Comisión de Fiscalización y Contraloría que sesionaba de manera publica el miércoles 5, pasó a sesión reservada a fin de tratar el Plan de Trabajo que guiará la investigación en torno a los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por sostener reuniones en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña

La indagación también alcanza al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo, así como a ministros de Estado, altos funcionarios y empresarios por posibles ilícitos en los que -en ese contexto- podrían haber incurrido. El plazo otorgado para dicha investigación es de 90 días hábiles y vence el 31 de mayo de los corrientes.

La decisión se adoptó a solicitud del congresista Enrique Wong Pujada (PP), quien planteó una cuestión previa, amparándose en artículo 88, inciso a) tercer párrafo del Reglamento del Congreso de la República

El parlamentario adelantó que planteará citar a funcionarios involucrados en el caso. El listado lo daría a conocer en la sesión reservada.

Inmediatamente el congresista Héctor Ventura (FP) presidente de dicha comisión acogió el pedido del legislador.

“Congresista Wong se valora su pedido. En ese sentido daremos un espacio para solicitar a los congresistas que asuman con bastante responsabilidad el secreto que se va a tocar en esta agenda”, dijo Ventura.

Enseguida, el congresista Jorge Morante (FP) expresó su preocupación al observar que siendo una sesión virtual podría haber fugas de información no necesariamente de carácter voluntario por interferencias y que se podría afectar el secreto o la reserva de la sesión.

Cabe indicar que en la agenda también está la propuesta de Moción de Orden del Día para ampliar las facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, por el plazo de 90 días hábiles, otorgadas por el Pleno del Congreso de la República el 16 de diciembre de 2021.

Ello con el fin de indagar y averiguar exhaustivamente todos los hechos relacionados o ligados, directa e indirectamente, con la participación del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, y otros funcionarios públicos y personas privadas, en las adjudicaciones realizadas por PetroPerú a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. y las adjudicaciones realizadas por la Fuerza Aérea del Perú a la empresa Herco Combustibles S.A del empresario Samir George Abudayeh Giha, para comprar Biodisel y combustible aéreo.

Así como todo aquellos hechos subsecuentes y consecuentes que contengan actos presuntos irregulares que ameriten una investigación, producto de las visitas y reuniones que haya sostenido el presidente de la República, con fines distintos a los que contiene su mandato constitucional en el presente periodo.

Lima, 5 DE ENERO DE 2022

PRENSA-CONGRESO