La congresista Noelia Herrera Medina (bancada RP) encabezó este miércoles una mesa de trabajo para evaluar acciones inmediatas frente a la ocupación de una vía nacional en el distrito de Ventanilla, y el riesgo que esta situación representa para los estudiantes de la IEP N.° 3720 Nuestra Señora de la Misericordia, ubicada en las inmediaciones del denominado grifo San Antonio.

En la reunión participaron representantes de la ATU, Sutran, Sunarp, Osinergmin, autoridades locales, vecinos y dirigentes de la zona, quienes expusieron la gravedad de un problema que, según coincidieron, se arrastra desde hace varios años.

Durante la sesión, la parlamentaria remarcó que el establecimiento cuenta con título de propiedad desde hace mucho tiempo, pero advirtió que ello no excluye la responsabilidad de las autoridades que permitieron una situación que hoy afecta a la población.

“Este grifo cuenta con título de propiedad ya hace muchísimos años y, por lo tanto, a eso responde la presencia de los funcionarios de las distintas entidades, porque llama mucho nuestra atención que una vía pública, una vía nacional, en realidad funcione un grifo debidamente acreditado; es decir, no es la responsabilidad del grifo, más bien de las autoridades y qué decisiones se van a tomar al respecto”, sostuvo. Asimismo, resaltó que la cercanía del negocio con una institución educativa incrementa la preocupación por los efectos colaterales que sufren estudiantes y vecinos.

Los pobladores afectados respaldaron esa preocupación y denunciaron que la ocupación del espacio restringe el libre tránsito y agrava la congestión vehicular en la zona. En representación de Adeppanrec, Alberto Meza Bustamante, señaló que el cierre de accesos y bermas ha terminado por perjudicar a los residentes y a los centros educativos cercanos.

A su turno, la madre Alejandrina Alaya, en representación de la institución educativa, alertó sobre el riesgo permanente que afrontan las alumnas y sus familias debido al tránsito intenso en el sector. “Nuestra institución tiene 65 años de creación. No existía nada, era un arenal. Y ahora nos encontramos invadidos por el tráfico intenso. Nos cuesta mucho atravesar la pista”, afirmó. Además, pidió una solución concreta, como la instalación de un puente peatonal u otra obra que permita resguardar a la comunidad escolar.

En la misma línea, el alcalde de Ventanilla, Jhonvinson Hugo Vásquez Osorio, sostuvo que la problemática no es reciente y aseguró que el conflicto se arrastra desde hace más de dos décadas. Según indicó, la presencia del grifo y las autorizaciones otorgadas a lo largo de los años terminaron por encerrar a los vecinos y dificultar una eventual respuesta ante cualquier emergencia.

Frente a ello, los representantes de las entidades técnicas detallaron el alcance de sus competencias. Desde Sunarp explicaron que la inscripción registral del predio se remonta a 1966 y precisaron que el registro consigna la naturaleza del terreno, mas no necesariamente el uso específico posterior. A su vez, el jefe regional de Lima Norte de la División de Supervisión Regional de Osinergmin, Jorge Manuel León Cubas, aclaró que su institución no autoriza el funcionamiento de los grifos, sino que emite opinión técnica sobre el cumplimiento del marco normativo de seguridad.

En tanto, la ATU indicó que sus funciones se concentran principalmente en el control del servicio de transporte público urbano y recordó que los temas de tránsito corresponden a la Policía Nacional. También se informó que hubo acciones de fiscalización conjuntas con Sutran.

En otro momento de la mesa, representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima señalaron que será necesario evaluar técnicamente y de manera legal cualquier intervención, debido a que el caso involucra propiedad privada y posibles superposiciones con áreas vinculadas al sistema vial. Por ello, remarcaron que la información que remitan los municipios de Puente Piedra y Ventanilla será clave para definir los pasos a seguir.

Como parte de los acuerdos, la legisladora pidió que la Municipalidad de Puente Piedra se sume al recurso de nulidad impulsado por la Municipalidad de Ventanilla, y además solicitó a Osinergmin y Sunarp remitir la documentación correspondiente para que Emape y la comuna chalaca evalúen una intervención sobre la extensión de áreas que no corresponderían.

Finalmente, ratificó que el establecimiento permanecerá clausurado mientras se revisa el caso y se determina qué acciones adoptarán las autoridades competentes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL