El congresista Hamlet Echevarría Rodríguez (Perú Democrático) sustentó -en la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología- su proyecto de ley para que, a partir del 17 de diciembre del 2001 en adelante, se conceda amnistía general a las autoridades y miembros de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas y rondas urbanas que se encuentren denunciados, investigados, procesados o condenados, en forma individual o en grupo en su calidad de dirigentes.

Explicó que de acuerdo a un informe del Ministerio Público, a junio 2021 existen mil 330 personas en la situación descrita.

«Existen cientos de ronderos, acusados, sentenciados, encarcelados, por este tipo de jueces y fiscales. Existe acoso hacia los dirigentes y ronderos ocasionándoles daños psicológicos a ellos y sus familias», dijo.

La norma contempla que la amnistía comprende a aquellos que están involucrados en los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro, extorsión, coacción, usurpación de funciones o cualquier otro ilícito penal, por todo hecho originado o derivado del ejercicio autónomo de sus funciones jurisdiccionales y en aplicación de su derecho consuetudinario, con ocasión de resolver conflictos o controlar hechos dañinos de su ámbito territorial.

El congresista explicó que su propuesta alcanza a los dirigentes acusados «por los conceptos de colaboración y coordinación con otras autoridades de la jurisdicción especial, de la justicia ordinaria y de seguridad ciudadana. Participar, controlar y fiscalizar los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal y defender sus derechos, territorio y bienes jurídicos colectivos».

En su fundamentación informó que en el año 2001 el Congreso aprobó conceder la amnistía a los miembros de las rondas campesinas acusados por tenencia ilegal de armas, reconociéndoles su derecho a ejercer justicia especial bajo su propia concepción.

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