EN FORO PÚBLICO PRESENTAN PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN

Centro de Noticias del Congreso

03 Mar 2017 | 15:03 h

Retirar la inmunidad parlamentaria y secreto bancario a los 130 representantes del Congreso, propusieron legisladores del Movimiento Nuevo Perú, integrantes de la bancada Frente Amplio

Fue durante el foro público ‘Pacto Ético Ciudadano Contra la Corrupción y la Impunidad’, evento que contó con la participación de los legisladores Alberto Quintanilla Chacón, Horacio Zeballos, Edgar Ochoa, Mario Canzio, Manuel Dammert, Tania Pariona, Marisa Glave y Richard Arce.

Quintanilla Chacón explicó los alcances del proyecto de su autoría (Nº 980/2016) que propone modificar el artículo 93 de la Constitución que nos rige y que consigna la inmunidad parlamentaria para los congresistas.  “Esto sólo debe cubrirnos en caso de emitir opiniones políticas, no para otro tipo de delitos”, dijo.

Dammert Ego Aguirre sostuvo que el proyecto de Ley (Nº 988/2016) que ha presentado establece la prohibición a funcionarios públicos,  representantes por elección popular,  receptores de subvenciones públicas especiales y otros de contar con una cuenta “offshore”, “ya que constituyen paraísos fiscales que permiten evadir pago de tributos al erario fiscal nacional”.

El objetivo es establecer medidas contra la corrupción derivadas de la tenencia de bienes de capital de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, sobre todo en la presente coyuntura donde la corrupción se está generalizando.

La medida alcanzaría desde el Presidente de la República, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Fiscales, Defensor del Pueblo; directores, titulares y miembros de los organismos constitucionalmente autónomos, miembros de Consejos Consultivos y de Tribunales Administrativos.

Asimismo, Altos funcionarios de empresas del Estado, alcaldes, regidores, gobernadores regionales, rectores y vicerectores de universidades públicas y privadas; altos mandos de las Fuerzas Militares y Policiales, altos funcionarios del Poder Judicial y Poder Electoral; jerarquía eclesiástica receptores de subvenciones públicas, entre otros.

En la misma línea, la legisladora Marisa Glave, presentó el proyecto de ley que propone eliminar el secreto bancario y la reserva tributaria para las autoridades elegidas por elección popular (Nº954/2016).

Glave Remy afirmó que hay una línea de continuidad de la corrupción y que ello hace necesario un cambio estructural. Un Estado de Derecho que garantice que el Estado sirva al ciudadano y no a los intereses económicos ni a los funcionarios públicos, afirmó.

“Nuestros privilegios como legisladores no deben ser frente a la corrupción. Que se investigue todo, no queremos secreto bancario, la ciudadanía tiene derecho a ver nuestras cuentas, sobre todo en esta crisis de credibilidad. Necesitamos reivindicar el servicio público, tenemos las manos libres de corrupción, que nos investiguen”, afirmó.

Para Tania Pariona, representante ayacuchana, la lucha contra la corrupción pasa por incluir a la ciudadanía organizada. La legisladora explicó su proyecto de ley sobre la creación, funcionamiento y reconocimiento de las veedurías ciudadanas y comités de vigilancia para prevenir,  identificar y denunciar actos de corrupción.

 

En el foro ‘Pacto Ético Ciudadano Contra la Corrupción y la Impunidad’, también participó el ex legislador Juan Pari Choquecota, quien presidió la Comisión que investigó los casos de corrupción de diversas empresas brasileras durante el gobierno pasado.

Pari afirmó que la megacorrupción descubierta y denunciada “involucra a 12 países y en el  nuestro a los gobiernos de Fujimori, García, Toledo y Humala; del mismo modo también compromete al actual gobierno en tanto que PPK fue premier y ministro de Economía de Toledo”.

Las fuerzas políticas mayoritarias durante estos gobiernos fueron sostenes políticos y económicos nacidos al amparo de la Constitución que nos rige. Este modelo privatiza la función pública, desarrolla una política primaria exportadora acompañada de un cuadro de gran corrupción que involucra a todos los poderes del Estado.

En este escenario de corrupción, PROINVERSIÓN, organismo adscrito al MEF, ha sido complaciente con las empresas mafiosas a las que  avaló, dijo Juan Pari. (EPA)

 

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