Quedó en un cuarto intermedio el Proyecto de Ley 6776, presentado por el Poder Ejecutivo por el que se propone autorizar transferencias financieras y otras medidas administrativas y presupuestarias para la ejecución del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú.

La decisión se tomó a solicitud del congresista Betto Barrionuevo Romero (DD), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, durante la sesión virtual que realizó el Pleno del Congreso el lunes 28 con la conducción de la presidenta a. i. Mirtha Vásquez Chuqulín.

La sustentación del dictamen estuvo a cargo del congresista Barrionuevo, quien explicó que se trata de una iniciativa que plantea que se autorice al Ministerio Cultura -durante el año fiscal 2021- para aprobar transferencias financieras, a favor de organismos internacionales y celebrar convenios de cooperación de naturaleza interinstitucional y asistencia técnica para la adquisición de bienes y servicios destinados a la atención de actividades para el desarrollo de la conmemoración del Bicentenario de la independencia del Perú.

Asimismo, plantea que autorice convenios administración de recursos y/o adendas conforme a lo dispuesto en la ley que fortalece la transparencia y el control de los convenios de administración de recursos con organizaciones internacionales para la ejecución de inversiones de los Parques Culturales Bicentenario en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú

“Se sustenta la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de la ejecución de las obras de los tres Parques Culturales Bicentenario, con cargo a los recursos del presupuesto asignado a la UE008 para el periodo 2021”, dijo el legislador.

Durante el debate, el congresista Dietell Columbus Murata (FP) observó que la propuesta no cuenta con estudios técnicos ni dictamen elaborado por la comisión respectiva, aspectos a tener en cuenta, porque dijo no solamente se trata de la transferencia de recursos de la PCM al Ministerio de Cultura, sino que se estaría autorizando al Ejecutivo la contratación apartando las leyes de contratación con el Estado, por lo que recomendó que se incluya a la Contraloría.

A su turno, la legisladora Martha Chávez Cossío consideró que la propuesta no es oportuna en un contexto de emergencia sanitaria. “Se han venido haciendo trabajos en plena pandemia, cuando no se ha comprado la vacuna, se ha estado haciendo trabajos especializados y ahora se culpa al Congreso por las vacunas”, dijo.

Por su parte, Gilmer Trujillo Zegarra (FP) observó que no se ha encontrado -en la exposición de motivos- un sustento para la contratación directa. “El mecanismo de control y fiscalización por parte de la Contraloría no está establecido en este proyecto de ley a fin de resguardar los intereses del Estado”, señaló el legislador, en tanto que su colega María Teresa Cabrera recomendó que se incluya el control concurrente.

Alcides Rayme (Frepap) respaldó la propuesta del Poder Ejecutivo. “Con la aprobación de este proyecto será posible realizar actividades para realzar la conmemoración del bicentenario de la república”, dijo.

“Les pido responsabilidad, no vaya ser que después se culpe al Congreso de no permitir los recursos para la ceremonia del bicentenario. Tenemos que tener motivaciones para oponernos pero razones concretas y no un sentido de oposición por oposición al Ejecutivo”, sostuvo Jorge Vásquez Becerra (AP).

Por su lado Manuel Merino (AP) dijo a sus colegas tenemos que mirar la defensa irrestricta del acto fiscalizador del Congreso y todos sabemos que cuando se hace contratos con organismos se deja de lado las leyes sobre contrataciones y es responsabilidad del Congreso poner los candados que permitan cuidar de los recursos de todos los peruanos.

Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) cuestionó que se haya contemplado más de un millón de soles para pagos a la prensa. “Es imposible aprobar cifras que están sustentando gastos corrientes. No se puede sorprender al Congreso”, agregó el legislador.

A su turno, los legisladores Carlos Pérez Ochoa (AP), Orlando Arapa Roque (NC) y Carlos Almeri Veramendi (PP) estuvieron de acuerdo en que la propuesta requiere de mayor estudio técnico y que se contemple la participación de la Contraloría.

Lima, 28 de diciembre de 2020

PRENSA-CONGRESO