Con el fin de consensuar propuestas y elaborar un nuevo documento que satisfaga el interés de los ciudadanos, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos dejó en cuarto intermedio el predictamen que propone la ley que simplifica el registro, renovación y protección de las marcas.

La iniciativa legislativa se sustenta en el Proyecto de Ley 1375/2021, cuya autora es la congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País).
El presidente de la comisión, José Luna Gálvez (NA), sostuvo que la sustentación que la propuesta “tiene por objeto modificar diversos artículos del Decreto Legislativo N.° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

Esto, con la finalidad “de simplificar el procedimiento de registro y renovación del registro de marca y, asimismo, eliminar exigencias costosas para el administrado. También se pretende reducir los plazos establecidos para las solicitudes de visita inspectiva y medida cautelar, con el objeto de fortalecer y hacer más efectiva los mecanismos de protección marcaría frente a terceros”.

Luna Gálvez detalló las modificaciones en cuanto al registro, renovación del registro, subsanación de irregularidades, inscripción de modificaciones, solicitud y modificaciones de las medidas cautelares, sobre todo en lo referente a los plazos.

Precisamente, el cambio de dichos plazos establecidos en el predictamen presentado con respecto al proyecto original, fue la principal observación que planteó el parlamentario Diego Bazán Calderón (Avanza País).

“El predictamen concede plazos muy extensos a la administración pública, que resulta excesivo”, expresó Bazán. Y por ello solicitó una cuestión previa para reducir plazos en lo referente a la presentación de solicitud de renovación del registro y en la subsanación de irregularidades de solicitud de renovación de registro.

MULTAS A PROVEEDORES

La comisión continuó con el estudio del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 21/2021, 079/2021, 1025/2021 y 1051/2021, que reconoce el derecho de consumidores a percibir un porcentaje de las multas que impongan Indecopi y organismos reguladores a los proveedores por infracciones al Código del Consumidor y normas complementarias.

De acuerdo con José Luna Gálvez, en la sesión de esta mañana se inició el análisis del tema de las telecomunicaciones, sobre todo con la primera Disposición Complementaria Modificatoria de la propuesta, que modifica el numeral 25.1 de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, y con la que se elevan considerablemente las infracciones leves, graves o muy graves.

Al respecto, la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones – ASIET, Maryleana Méndez Jiménez, planteó su preocupación por el aumento de dichas multas y dijo que el análisis no justifica dicha modificación. Seguidamente trazó un análisis comparativo con este comportamiento en países como México, Colombia y Ecuador.

Hay un exceso de regulación en el sector telecomunicaciones, señaló la invitada, y debería pasarse por proceso de simplificación normativo y el marco regulatorio del sector, lo que favorecería el desarrollo del mercado. “Subir multas”, dijo, “no implica mejora el sistema público”.
Serán reprogramadas las presentaciones deel gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, Juan Pacheco Romaní, y el presidente encargado del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, Jesús Guillén Marroquín.

CÁRTEL DEL PAVO

El grupo de legislativo convocó al director de Promoción e Investigación de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, Jesús Eloy Espinoza Lozada, para que informe sobre el descubrimiento del cártel para concertar precio del pavo.

De acuerdo con la información brindada, el cártel operó entre los años 2009 y 2016, y vendió más de seis millones de kilos de pavos.

El procedimiento sancionador de Indecopi concluyó, en primera instancia, que cinco supermercados (San Fernando, Cencosud, Makro, Supesa y Tottus) efectuaron un acuerdo secreto para definir el precio del pavo entero a nivel nacional, y a los que se las ha impuesto una multa de 17 millones 241 mil 168 soles.

OFICINA DE COMUNICACIONES