En cuarto intermedio quedó el proyecto de ley que propone modificar el literal n) del inciso 11.1, del artículo 11 de la Ley 3022, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de optimizar la prevención de la corrupción en las contrataciones del Estado.

Se trata de los proyectos nros. 142/2021, 340/2021, 2481/2021, 3363/2022, 3860/2022, 4646/2022, 4859/2022 y 4930/2022, dictaminado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría y de Justicia y Derechos Humanos, que presiden el congresista Héctor Ventura Ángel (FP) y Américo Gonza (PL), respectivamente, quienes aceptaron el cuarto intermedio.

En su exposición, Ventura Ángel manifestó que la propuesta tiene como objeto modificar diferentes literales del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado respecto de las causales de impedimento para contratar con el Estado, a fin de mantener congruencia en el sistema jurídico.

Además, modificar el artículo 1 de la Ley 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación del personal en el sector público en caso de parentesco y el artículo 83 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Dijo que en los últimos años se han incrementado las denuncias respecto a la participación de familiares de altas autoridades en contratos con el Estado.

“Con la modificación propuesta estamos incluyendo a los socios directos o indirectos, directores, gerentes y estamos precisando que el impedimento se genera cuando cuenten con acusación fiscal, se hayan acogido a la colaboración eficaz o a la confesión sincera o condenados en primera instancia por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remate o procedimientos de selección o delitos equivalentes en caso de estos haya sido cometidos en otros países”, aclaró.

En el caso del literal o), precisó que la prohibición alcanza a personas tanto naturales como jurídicas. En el caso del literal q) manifestó que se está corrigiendo el nombre del Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido cambiándolo por su actual denominación Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles.

Además, la prohibición para contratar con el Estado se hace extensiva a personas jurídicas cuyos integrantes hayan sido sancionados por responsabilidad administrativa, funcional derivada del proceso sancionador a cargo de la Contraloría en tanto se encuentre vigente la sanción impuesta.

Ventura Ángel manifestó que, según estimaciones la Defensoría del Pueblo, en el año 2017 el costo de la corrupción en nuestro país se encontraba en torno al 10 % del Presupuesto Público Anual, para el 2021 según datos de la propia contraloría nuestro país perdió más de 24 mil millones de soles por corrupción e inconducta funcional.

”La propuesta aspira a revertir estas cifras en beneficio de la población y requiere de mejores servicios de salud, educación, y seguridad”, puntualizó.

OFICINA DE COMUNICACIONES