En cuarto intermedio quedó el debate y votación de los proyectos de ley 07567/2023-CR, 10189/2024-CR y 10266/2024-CR, que propone declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú y dispone medidas para su fortalecimiento institucional y efectividad en la lucha contra la criminalidad.

Ello fue propuesto por la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), quien señaló que se va a incorporar los cambios sugeridos por algunos integrantes del grupo de trabajo.

La propuesta plantea medidas extraordinarias de fortalecimiento institucional, modernización operativa y mejoramiento de su infraestructura con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y de combatir eficazmente el crimen organizado y la delincuencia común en el territorio nacional.

La iniciativa dispone declarar en emergencia, por un plazo de 120 días a la PNP, y encarga al Poder Ejecutivo realizar las gestiones que correspondan a fin de dotarla de equipamiento y servicios, así como gestionar el mejoramiento de su infraestructura o la culminación de obras, dando prioridad a los departamentos fronterizos y a las ciudades que se encuentran en estado de emergencia.

Además, autoriza a la Contraloría General de la República realizar el control concurrente correspondiente a las adquisiciones que realice el Ministerio del Interior, que deberá informar al Congreso de la República sobre las inversiones, bienes o servicios contratados o ejecutados a favor de la Policía Nacional del Perú.

La declaratoria de emergencia se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados sin demandar recursos adicionales al tesoro público y autoriza al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional del Perú, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para su implementación de la ley

Otros proyectos

La Comisión de Defensa también aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 08364/2023-CR, que propone la modificación de la Ley 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, a fin de incluir como beneficiarios al personal policial y militar aportantes a los fondos de vivienda militar y policial.

Estos bonos serán  solo para aquellos que hayan cumplido con el pago puntual de sus obligaciones frente a las empresas del sistema financiero nacional, los fondos de Vivienda Militar y Policial y las cooperativas de ahorro y crédito que solo operan con sus socios y que no están autorizadas a captar recursos del público u operar con terceros.

Igualmente, fue aprobado el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 07182/2023-CR, que propone modificar el Decreto Legislativo 1126, decreto legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, respecto de la baja definitiva de la inscripción en el registro.

 Sustentación

Luego, el congresista Alfredo Azurín Loayza (SP) expuso su Proyecto de Ley 09808/2024-CR,  que modifica el Decreto Legislativo 1241, que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y el Decreto Legislativo N° 1053, decreto legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas.

Su propuesta tiene como finalidad fortalecer del rol constitucional de la Policía Nacional del Perú en la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de drogas en todo el territorio nacional, en coordinación con las entidades competentes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL