Con la finalidad de incluir sugerencias y aportes a la propuesta, el Pleno dejó en cuarto intermedio el dictamen que plantea incorporar a la Ley de Contrataciones del Estado un régimen especial de sanciones administrativas aplicable a las micro y pequeñas empresas (mypes) para fomentar su participación, promoción y desarrollo, fomentando la reactivación económica de uno de
los sectores más afectados por la aparición de la COVID-19.

El referido régimen, planteado por el congresista Arturo Alegría García (FP), propone reglas que priman sobre cualquier otra disposición de la presente norma, como en el caso de que, si la mype no presenta sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un periodo mayor a 48 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a tres meses ni menor a un mes en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 10 % del monto correspondiente.

Cuando la mype presente sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en un periodo mayor a 48 meses, la inhabilitación imponible es no mayor a tres meses ni menor a un mes en su derecho a contratar con el Estado. Cuando la sanción es multa, esta se reduce al 10 % del monto correspondiente.

A diferencia de los 36 meses que se le imponía y que fue calificado por varios parlamentarios como “una declaratoria de muerte” para este sector empresarial, las sanciones planteadas refieren la posibilidad de que la mype sancionada puede recuperarse.

Durante el debate algunos parlamentarios cuestionaron que el dictamen no tuviera precisiones y que era necesario que se definan los rangos de las empresas y su afectación. En ese sentido, se pronunciaron los legisladores German Tacuri Valdivia (BMCN) y Wilson Quispe Mamami (PL), entre otros.

Hernando Guerra-García Campos (FP) sostuvo que las sanciones impuestas a las mypes suelen ser más fuertes para el sector en mención, las mismas que no están en la posibilidad de defenderse y haber quedado debilitadas por la pandemia.

La congresista Katy Ugarte Mamani (BMCN) pidió una cuestión previa y retorno a la Comisión de Economía para un mayor estudio, y su compañera de bancada, Elizabeth Medina Hermosilla planteó un cuarto intermedio para sumar los aportes en un determinado tiempo.
Frente a eso y, a pedido de la titular de Economía, Silvia Monteza Facho (AP), Ugarte Mamani, retiró la cuestión previa.

RETORNO A COMISIÓN

Antes, el Pleno aprobó una cuestión previa, que resultó con 97 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, para que regrese a comisión el dictamen de los proyectos de ley nros. 674 y 1884, de los congresistas Jorge Morante Figari (FP) y Silvia Monteza respectivamente, para un mejor estudio.

Se trata de la iniciativa que propone la modificación del Decreto de Urgencia 026, que establece medidas en materia económica y financiera destinada a la reprogramación de los créditos garantizados con el Programa “Reactiva Perú”.

Y es que durante el debate afloró la duda de que la iniciativa beneficie también a las grandes empresas que ya fueron beneficiadas por el referido programa. Además, pidieron la emisión de un informe por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el impacto que puede tener en nuestra economía.

Así lo manifestaron los congresistas Guido Bellido Ugarte (PL) y Segundo Quiroz Barboza (BMCN), quienes plantearon la cuestión previa mencionada.

OFICINA DE COMUNICACIONES