En la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que preside la legisladora Martha Moyano (FP), los ministros de Estado sustentaron el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, que propone la delegación -en el Poder Ejecutivo- para tener la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

En la sesión estuvo presente el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, quien destacó la importancia del pedido del Gobierno y dijo que la cooperación entre poderes de Estado ayuda al cimiento del modelo constitucional de nuestro país.

“Tenga la seguridad señora presidenta (de la Comisión de Constitución) que se tomarán en cuenta cada uno de los criterios, observaciones, consideraciones, sugerencias y propuestas que nos han formulado en las mesas técnicas”, señaló el titular de la PCM.

Asimismo, Adrianzén dijo que, en el cumplimiento de las normas vigentes, el Ejecutivo dará cuenta al Congreso y a la Comisión Permanente de cada uno de los decretos legislativos que se emitan en el marco de las facultades delegadas.

“Las materias que hemos propuesto y sustentado, a través de los equipos técnicos de los organismos adscritos, están referidas a cumplir recomendaciones planteadas por la OCDE a fin de lograr una infraestructura de calidad y sea ejecutada de manera transparente, responsable e inclusiva”, manifestó el jefe del equipo ministerial.

También participaron, por solo 5 minutos, los ministros de Economía y Finanzas (José Arista), Salud (César Vásquez), Defensa (Walter Astudillo), Justicia (Eduardo Arana), Educación (Morgan Quero), Energía y Minas (Rómulo Mucho), así como otros integrantes del Gabinete Ministerial.

LA PROPUESTA
De acuerdo con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, la iniciativa tiene por objetivo que el Gobierno pueda legislar en materias sobre inversión pública, modernización del sistema tributario, política penitenciaria, así como el desarrollo urbano, habilitación de suelos, acceso a viviendas y una intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.

Del mismo modo, también en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, por el plazo de 90 días.

“Tiene por finalidad impulsar la reactivación económica (…) perfeccionar las herramientas legales y administrativas a fin de hacer más eficiente la recaudación, fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, reducir los riesgos de futuras controversias vinculadas a la aplicación de normas de precios de transferencia y dictar medidas para el pronto recupero de las deudas administradas por la Sunat”, se alega en el proyecto de ley.

OPINAN

Tras la exposición de los ministros, el congresista y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, señaló que el Ejecutivo ha tenido facultades desde el 2021, por 180 días, para presentar iniciativas para la formalización minera.

“Otorgar facultades sobre lo ya otorgado me parece que no es pertinente (…) el tema de las obras inconclusas que ha referido el ministro de Economía me parece correcto, hay que viabilizarlas, porque hay más de 2,500 obras paralizadas a nivel nacional, a veces por escasos montos”, señaló el legislador.

Por su parte, Patricia Juárez (FP) se mostró en contra de la propuesta que propone articular a los organismos reguladores en una institución solo genera inseguridad jurídica, se pierde su especialización y, por tanto, la capacidad técnica que tienen para regular mercados complejos.

En tanto, María del Carmen Alva (NA) pidió al ministro de Economía explicar bien la propuesta del incremento de la recaudación tributaria aplicando un tributo a los servicios digitales, además de detallar el estimado de recaudación y el impacto en los consumidores.

Asimismo, Gladys Echaíz (HyD) cuestionó que -en la propuesta de facultades- se hable sobre la regulación del procedimiento para la inscripción de los mineros artesanales en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

A su juicio, no se debe ampliar la inscripción de más mineros artesanales, que son los que propician delincuencia, crimen organizado y situaciones perversas contra menores de edad.

La congresista Adriana Tudela (Avanza País) coincidió con la legisladora Patricia Juárez en que es peligroso que se cree una entidad que aglomere a los organismos reguladores. Desde su óptica, se pretende “una captura política” de instituciones técnicas.

Finalmente, la congresista Martha Moyano (FP) aclaró a los ministros que, de todas las propuestas presentadas por Ejecutivo, solo se tomarán en cuenta las que no están evaluándose en las comisiones ordinarias del Congreso de la República.

“No se va a dar facultades (a iniciativas que evalúa el Congreso), porque no tiene sentido, ya que se están tramitando acá como proyectos de ley”, alegó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL