Audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

En cinco días hábiles se conocerá informe final sobre denuncia contra excongresista Herrera

Centro de Noticias del Congreso

04 Mar 2022 | 14:39 h

Dentro de cinco días hábiles, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contará con el informe final que elaborará el congresista Segundo Quiroz Barboza (PL) respecto a la denuncia constitucional 177 (ex 258) -presentada por el exfiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry Vallejos- en contra de la excongresista Marita Herrera Arévalo (FP), por la presunta comisión del delito contra la fe pública.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres Salinas (APP) comunicó ese plazo reglamentario al término de la audiencia pública en donde se ventiló este presunto caso de inconducta funcional de la ahora excongresista Herrera Arévalo.

A Marita Herrera Arévalo (FP) se le atribuye la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 428 del Código Penal, respectivamente, debido a que consignó información falsa en un informe de Semana de Representación del 25 al 29 de marzo de 2017.

El congresista Quiroz Barboza expuso ante los miembros de la Subcomisión que Herrera Arévalo presentó en mayo de 2017 su informe de Semana de Representación, efectuada entre los días 17 al 22 y 25 al 29 de marzo del 2017 (doble semana de representación debido al Fenómeno del Niño Costero), y cuatro meses después “presentó un informe rectificatorio”.

Del análisis realizado por el ponente, se desprende que el informe rectificatorio contiene “cambios sustanciales de actividades de varios días que no corresponden con simples errores o equivocaciones. Es decir, que no se ajustan a la realidad y trastocando su obligación de decir la verdad y por ende, afectando la fe pública”.

El representante del Ministerio Público, el fiscal supremo adjunto, Ramiro González Rodríguez -quien estuvo en la audiencia- ratificó la denuncia fiscal y las indagaciones, y afirmó que «lo cierto es que la congresista no pudo participar (en las actividades mencionadas en el informe) porque entre el 25 y 29 de marzo del 2017 estuvo en Ecuador. No fue un viaje oficial, fue un viaje particular. Este delito se habría confirmado con la sola presentación del primer informe”.

En la audiencia participaron como testigos los exasesores de la legisladora denunciada, Antenor Pacheco Luzuriaga y Sara Marín Escobar e intervinieron con sus preguntas los congresistas Martha Moyano Delgado (FP) y Alejandro Cavero Alva (Avanza País).

OFICINA DE COMUNICACIONES

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