Por unanimidad y en primera votación, el Pleno del Congreso de la República aprobó hoy modificar el Decreto de Urgencia 003-2017, dictado por el Poder Ejecutivo, para que las empresas privadas que sean socias o consorciadas con contratistas corruptas  no puedan sacar del país el dinero mal habido, no puedan seguir contratando con el Estado y paguen una reparación civil a favor del Estado.

El pronunciamiento parlamentario fue de 98 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La segunda votación de la propuesta de ley se producirá cuando haya transcurrido siete días, anunció el titular del Parlamento, Luis Galarreta Velarde.

La proposición legislativa, originalmente presentada por la legisladora Karina Beteta y dictaminada por las comisiones de Constitución y de Fiscalización del Congreso, apunta a «cortar y zanjar con la corrupción y con sus socios asolapados y bien camuflados. Busca corregir un decreto de urgencia del Ejecutivo (DU 003, vigente desde febrero de este año) complaciente y timorato con la corrupción», dijo la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona (FP).

La propuesta de ley  plantea corregir siete artículos del Decreto de Urgencia 003-2017 para cautelar el pago de reparación civil a favor del Estado en caso de corrupción por un plazo de seis años.

Por ejemplo, se señala expresamente que el Ministerio de Justicia deberá elaborar y publicar en su portal institucional la relación de sujetos comprendidos en la futura norma, la misma que se actualizará mensualmente, bajo responsabilidad.

Dispone, además, que la retención de los pagos por parte de las entidades del Estado, se realizará sobre cada pago considerado conforme al contrato y sobre un monto equivalente al promedio del margen  neto de ganancia de los últimos cinco años en proyectos similares. En el caso que no se den las condiciones para dicho cálculo, el monto a retener será el equivalente al total de utilidades netas más tributos proyectadas y establecidas en el procedimiento de selección y consideradas para la suscripción del contrato respectivo.

La futura norma legal plantea además que el Ministerio de Justicia requerirá al Procurador Público correspondiente la cifra estimada de la reparación civil a favor del Estado, contando con los informes previos de Proinversión y del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros alcances.

Durante el debate parlamentario intervinieron los congresistas Rolando Reátegui, en su condición de presidente de la Comisión de Fiscalización, su colega de bancada Miguel Torres (FP),Yonhy Lescano (AP), Armando Villanueva (AP), Marisol Espinoza (APP), Wuilder Rozas (FA), Mauricio Mulder (CPA), Marisa Glave (NP) y Gino Costa (PPK), quienes saludaron los alcances planteados para modificar el DU 003-2017 y contribuyeron con algunos aportes de redacción.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, levantó la sesión plenaria a las 2.02 de la tarde. (JSR)

PRENSA CONGRESO 05-10-17

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