EMPRESAS SERÍAN SANCIONADAS PENALMENTE POR DELITOS DE CORRUPCIÓN
Centro de Noticias del Congreso
01 Mar 2016 | 18:21 h
| Las empresas podrán ser sancionadas penalmente por delitos de corrupción, según propone el dictamen aprobado por mayoría, este martes 1, por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Juan Carlos Eguren.
La iniciativa legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, plantea regular la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho privado, las asociaciones y comités inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado o sociedades de economía mixta por los delitos de colusión, peculado, cohecho activo internacional y tráfico de influencias. La propuesta señala que dichas entidades son responsables por los delitos cometidos en su nombre, por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto, por sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y órganos colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, entre otros. Asimismo, establece las sanciones que un juez podrá aplicar contra una empresa involucrada en actos de corrupción, las cuales van desde multas, disolución, clausura de locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo, cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales e inhabilitación. Además, se fija una serie de medidas cautelares como la clausura de locales o establecimientos, suspensión de actividades sociales, prohibición de actividades futuras de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se habría cometido, favorecido o incluido el delito, suspensión para contratar para el Estado y la incautación o decomiso de dinero, bienes, efectos o ganancias. CREACIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS SANCIONADAS El proyecto de ley 4054/2014 «Ley que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción» incluye, también, la creación de un registro informático de carácter público para la inscripción de las medidas impuestas a estas entidades que será administrada por el Poder Judicial. Durante el debate de la propuesta, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos destacó la importancia de la norma que «contribuiría a aumentar la confianza en nuestro país, fortaleciendo su imagen internacional». En tanto, la congresista Martha Chávez consideró que el Estado también debería ser incluido en esta norma. «¿Por qué el Estado no puede ser multado? También se le puede incautar el producto del soborno», manifestó. Por su parte, la coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Rosmary Cornejo Valdivia, señaló que lo único que le falta al Perú para ingresar al grupo de trabajo sobre soborno internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es la aprobación de esta iniciativa legislativa. «Lo que nos falta para ingresar al grupo como miembros plenos es contar en nuestro marco jurídico con el delito de soborno internacional. Si no logramos tener esta norma el 10 de marzo perderemos la participación en la OCDE y solo seremos observadores», indicó. Al inicio de la sesión ordinaria, se acordó citar para el próximo martes 8 de marzo al presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, así como a los ministros del Interior, José Luis Pérez Guadalupe y de Justicia, Aldo Vásquez, y el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, a fin de que informen sobre la implementación de la ley de flagrancia. (C.C) PRENSA-CONGRESO Puede encontrar más información en nuestra página web y redes sociales. |