A través de un oficio dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, el congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú), segundo vicepresidente del Congreso de la República, exhortó a derogar de manera parcial y en el menor tiempo posible el Decreto de Urgencia 035-2020.

Dicho dispositivo legal fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado 3 de abril y establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional, así como para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19.

“El Decreto de Urgencia en mención autoriza a las empresas que brindan servicio eléctrico a facturar el equivalente a los seis últimos meses de consumo, pero no se han fijado que este mes no se ha trabajado por lo tanto no se debe cobrar ni promedio, ni nada”, observó el parlamentario a través de una publicación en sus redes sociales.

Expresó su preocupación porque hoy en día empresarios peruanos vienen recibiendo recibos de luz con montos exorbitantes que no corresponden al consumo real.

Explicó que la empresa prestadora del servicio de electricidad viene cumpliendo con las medidas dictadas por el actual gobierno. En ese sentido, y en cumplimiento de la facultad otorgada mediante el literal c) del artículo 11° del Decreto de Urgencia 035-2020, las empresas prestadoras del servicio eléctrico vienen emitiendo los recibos de luz con un monto equivalente al promedio de los últimos seis recibos de luz en los cuales ciertamente hubo un consumo de fluido eléctrico.

Sin embargo –dijo- que al momento de redactar la norma pareciera que no se llegó a tomar en consideración que las empresas que no han laborado en el último mes, y que por ende no han consumido electricidad, vienen recibiendo sus recibos de luz con importes que obedecen al promedio de consumo efectivo de los últimos 6 meses.

“Esta norma no puede continuar en vigencia -dado que- lo único que hace es obligar a los empresarios peruanos que no han laborado a que paguen por un servicio que no han consumido”, subrayó el legislador.

PRENSA-CONGRESO