A fin de proteger los derechos de las personas con discapacidad, el Pleno del Congreso de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen que elimina la exigencia de renovar periódicamente el certificado de discapacidad para aquellas personas con discapacidad severa.

La medida, sustentada en el Proyecto de Ley 3629, fue respaldada por 96 votos a favor y exonerada de segunda votación.

La congresista Francis Paredes Castro (PP), presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, sostuvo que esta norma reducirá obstáculos y costos innecesarios para las personas con discapacidad severa y sus familias, particularmente en lo referido a desplazamientos, evaluaciones médicas recurrentes y otros gastos asociados.

“Con esta ley estamos cerrando brechas. Es un acto de justicia social que evitará que las personas con discapacidad severa sean sometidas a trámites que solo profundizan su situación de vulnerabilidad”, manifestó Paredes Castro.

Asimismo, indicó que diversos estudios han demostrado que las personas con discapacidad severa son más propensas a experimentar pobreza multidimensional, por lo que esta medida aliviará su carga económica al eliminar la obligación de trasladarse periódicamente a centros médicos para la renovación de un documento que certifica una condición permanente.

Por su parte, el congresista Paul Gutiérrez Ticona (BM-CN), autor del proyecto, fue enfático al afirmar que esta aprobación marca el fin de un trato indigno hacia las personas con discapacidad.
“Basta ya de este maltrato institucional, basta de convertir un derecho en una tortura burocrática”, subrayo Gutiérrez Ticona.

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