El Parlamento Andino conmemoró 30 años del Congreso Constituyente Democrático, (CCD), que dio origen a la Constitución de 1993.

El evento, que fue organizado por el parlamentario  Gustavo Pacheco Villar, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, (CIDCA), se desarrolló en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y convocó a exconstituyentes, excongresistas, juristas, y el representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, (INDECOPI), entre otros.

El presidente del Congreso, Williams Zapata afirmó que la Carta Magna que nos rige es fortaleza de la democracia peruana, es un pacto social redactado por los actores políticos de la sociedad;  recordando que desde sus orígenes democráticos las cartas magnas deben ser desprovistas de toda pasión. Las leyes se ordenan para la convivencia pacífica de una sociedad. Tener a la fecha 12 constituciones en el país, es muestra de inestabilidad política, señaló.

El Perú vive momentos importantes, son necesarios también cambios importantes como el retorno a la bicameralidad para lograr mayor reflexión y consenso en el legislativo. De igual modo, se debe reformar el punto de la renovación por tercios del Congreso y otros temas para su  mejor funcionamiento. Ningún país puede avanzar sin una Constitución sólida, afirmó.

El exconstituyente Ántero Flores Aráoz, recordó que hace 30 años  luego de la instalación del CCD, se elaboró y aprobó la Carta Magna vigente sometida a referendo que lo ratificó y luego fue promulgada. Los antecedentes de esta tienen que ver con el gobierno elegido en 1990 presidido por Alberto Fujimori, quien luego del auto golpe el 5 de abril de 1992, que disolvió el Congreso, hizo reformas en las instituciones del Estado, cambio funcionarios en instituciones importantes del país, las motivaciones o pretextos para ello fue tildar al Congreso de entonces como corrupto, pero como podía serlo si no manejaba recursos.

Se dijo que no apoyaba al Ejecutivo; pero aprobó el presupuesto, que no ayudaba en la lucha contra el terrorismo, pero el Parlamento les delegó funciones al Ejecutivo, la PNP, Poder Judicial y se instalaron jueces y fiscales sin rostro, recordó.

El CCD fue respetuoso de todas las posiciones políticas, el debate fue fluido, gracias a un hombre tolerante como Carlos Torres y Torres Lara. Esta Carta Magna llevó el impulso de políticos valiosos de diferentes partidos y pensamientos políticos, la mayor parte de sus artículos fueron aprobados por consenso, afirmó.

El constitucionalista Juan Hermosa Ríos, por su parte, afirmó que el CCD luego del golpe de estado del 5 de abril del 1992, trajo justicia con los necesarios jueces sin rostro, el Perú y la lucha contra el terrorismo era una realidad, no un pretexto. El tribuno Hermosa Ríos instó finalmente a todas las fuerzas políticas a unirse “porque la izquierda está en la puerta de nuestra plaza”.

El también exconstitucionalista y exparlamentario Rafael Rey dijo que nunca se pronunció a favor del rompimiento del orden constitucional, pero reconoció que hay indicadores de bienestar. No hay país que haya progresado sin un crecimiento económico sostenible, tampoco existe país con crecimiento económico que no haya progresado.

Rey Rey hizo referencia al Art. 62 de la Constitución  que establece el carácter sagrado de los contratos, no se modifican salvo por acuerdo de las partes, se afirma que mediante estos se paga menos impuestos o que hay empresas que no pagan impuestos; es al contrario, hay empresas que están dispuestas a pagar más con tal de que no se les modifique los contratos, afirmó.

De la misma forma se refirió al Art. 84 que le da por primera vez autonomía al BCR y le prohíbe financiar al estado, porque antes ese fue el origen de la inflación. El Art. 70 de la Constitución establece que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y le da al MEF dicha facultad. Se supone también que este sería un medio de fomentar el empleo. Si se respetaran los principios de esta Constitución,  que rige y orienta el régimen, se disminuiría aún más la pobreza, comentó.

La exlegisladora Fabiola Morales Castillo comentó los derechos de libertad de expresión, información y de conciencia que están consagrados en esta Carta Magna, que los asegura de manera individual y asociativa. Los totalitarismos restan libertades de expresión de distintas maneras, la libertad de difusión de los pensamientos y conciencia aportan a la buena marcha de la sociedad, dijo.

El jurista Raúl Chanamé Orbe encomió la Constitución de 1993, que debe ser analizada por su proyección. Sostuvo que antes de 1992, éramos un país miserable, la renta per cápita de entonces se ha multiplicado por 15. En 1992 existían 500 mil vehículos motorizados que no se renovaban hace 60 años, teníamos el parque automotor más antiguo de América Latina. Solo el pasado diciembre se han vendido 250 mil vehículos, es una revolución económica, un cuarto de millón de autos se compra en un año. Los resultados se pueden medir estadísticamente, basta de demagogias, expresó.

Del 63% de peruanos en extrema pobreza hemos pasado al 23%, tenemos que seguir mejorando, si la redistribución económica no ha sido igualitaria como es el caso de la costa norte en comparación con el sur del país, es culpa del mal funcionamiento de las instituciones, no de la Carta Magna afirmó.

Omar Chehade sostuvo que debe defenderse las reformas logradas y procurar las que faltan por hacer como el retorno a la bicameralidad. El Congreso emite entre 800 y 900 leyes  en 5 años, de estas 300 son observadas  por el Poder ejecutivo porque no existe Senado, que es una cámara revisora. La tercera parte son observadas y otras declaradas inconstitucionales por el TC, afirmó.

Doris Sánchez Pinedo observó que la Carta Magna vigente se elaboró en base a la realidad de entonces, el mundo ha cambiado, las necesidades básicas no son las mismas, se debe incluir el tema de la seguridad alimentaria, se debe tomar en cuenta la invasión del plástico, velar por la dignidad humana, el derecho de los pueblos y especialmente por los derechos y necesidades de 8 millones de ciudadanos rurales que permanecen en condiciones muy vulnerables y no pueden permanecer callados. Se debe contemplar el respeto y derechos de los 8 millones de peruanos que viven en pobreza, se debe considerar el derecho a la salud  y a un medio ambiente sano como derechos fundamentales en una Carta Magna.

El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, dijo que la figura del  Estado de Emergencia se sigue aplicando mal. Es malo no empoderar a las fuerzas armadas cuando han salido con fuerza coercitiva.

De igual forma el Art. 43 que fue interpretado como derecho de insurgencia terrorista. No existe el derecho de insurgencia terrorista; el derecho de insurgencia es del ciudadano. El terrorismo es un acto delincuencial. También se refirió a la figura presidencial, dejemos de no aplicar la verdadera hermenéutica parlamentaria, dijo en referencia a la negativa a la presidenta Boluarte para asistir a la asunción de mando del presidente Lula Da Silva de Brasil. Si la presidenta tiene que salir el presidente el Congreso debe asumir la presidencia del país, aseguró.

OFICINA DE COMUNICACIONES