La legisladora Rosa Mavila León sostuvo que está latente la presencia del narcotráfico en su intento de infiltrarse en los ámbitos de la política nacional, especialmente en los movimientos políticos regionales, una versión avalada por expertos en el tema.

La parlamentaria que presidió la comisión investigadora de la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos ratificó los acuerdos arribados en ese grupo de trabajo y dijo que si bien es cierto ‘no somos aún un narcoestado, sí existen elementos de penetración de esta lacra en la política en los ámbitos y movimientos políticos regionales’.

Fue durante el foro “La narcopolítica en el escenario actual” que sirvió de marco para la presentación del libro: “Narcotráfico y Política”. El evento contó con la presencia de Arturo Revoredo Castañeda, gerente de la Oficina de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE; Sonia Medina Calvo, procuradora antidrogas; Víctor Prado Saldarriaga, vocal de la Sala Penal Transitoria; Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación Drogas y DDHH; Percy Medina Masias, de IDEA  Internacional; Pedro Yaranga Quispe, experto en drogas; y Jorge Nieto Montesinos, sociólogo y analista político.

Mavila León explicó que a partir de la identificación de los factores que favorecieron la infiltración del narcotráfico en la política se elaboraron 28 proyectos legislativos distribuidos en cinco ámbitos de naturaleza normativa.

En el tema de narcotráfico y servicio de Justicia, que comprende al Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público y Policía Nacional, la propuesta es modificar la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura en relación con el procedimiento de nombramiento, ratificación y destitución de magistrados.

También se aprobó un proyecto de ley que propone la prohibición, cierre temporal o definitivo de comisarías o puestos de control policial en zonas de alto tránsito de tráfico ilícito de drogas e insumos químicos.

Para determinar la responsabilidad política en los diferentes ámbitos de gobierno, se propone la creación de oficinas encargadas de prevención y lucha contra el narcotráfico en los gobiernos regionales, provinciales y locales.

Asimismo, se acordó la propuesta de reformar el financiamiento de partidos políticos en el Perú y la modificatoria de la Ley de Partidos obligando a incluir en la declaración jurada de vida la relación de parientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, y la obligación de informar a sus partidos políticos y la ONPE sobre aportes y gastos en la campaña electoral.

Traslado de droga

La Comisión ha establecido siete proyectos de ley destinados a tratar de impedir el traslado de drogas, como control de equipajes, carga y pasajeros en el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial; acciones de prevención y control en los puertos y terminales portuarios; creación de la Escuela Nacional de Estibadores; regulación de los procedimientos de interceptación y derribamiento de las aeronaves civiles usadas para el tráfico ilícito de drogas en el espacio aéreo peruano.

Del mismo modo, implementación de un servicio médico en los aeropuertos para los operativos antidrogas vía ‘burriers’, declaratoria de emergencia del sistema de control e incautación de insumos químicos dirigidos al narcotráfico y modificación de la Ley General de Aduanas para autorizar a la PNP a ingresar a las zonas primarias de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, almacenes aduaneros y depósitos temporales del país.

La Comisión propone un proyecto de Ley que dispone la aplicación de la consulta al superior jerárquico fiscal o jurisdiccional en los delitos de tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, lavado de activos, procedentes del tráfico de drogas, cuando el proceso no haya concluido en juzgamiento. También se establecen responsabilidades administrativas y penales en caso de desaparición y daño de expedientes de tráfico e insumos químicos, lavado de activos procedente de tráfico ilícito de drogas.

Democracia Política y Narcotráfico

Para este ítem se propone otorgar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para fortalecer la prevención del delito de lavado de activos; modificatorias de la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República, entre otros.

Revoredo Castañeda de la ONPE sostuvo en referencia al presente proceso electoral, que hay muchos millones que no concuerdan entre lo visiblemente gastado por los candidatos y lo declarado por sus respectivos partidos.

La procuradora Antidrogras, Sonia Medina, instó a las autoridades y a la sociedad civil en su conjunto a trabajar para terminar con el flagelo del narcotráfico que “definitivamente sí está involucrado en la vida política partidaria del país”.

“Existen, autoridades ya electas que tienen serios vínculos con el narcotráfico”, dijo Medina, a la vez de hacer votos para que el Congreso que ejerza a partir de julio próximo se forme más comisiones como las que presidió la legisladora Mavila. (EPA)

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