Tres de los principales organismos civiles que defienden a los consumidores coincidieron en la necesidad de contar con una ley que proteja de la usura a los consumidores de los servicios financieros, como lo propone el PL 5250/2020-CR, aprobado por el Congreso y observado por el Poder Ejecutivo.

Fue durante la sesión virtual de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos reguladores del Estado, que preside el legislador Johan Flores Villegas (PP), y que contó con la participación de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse) y el Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú (Conacup).

Crisólogo Cáceres (Aspec), en referencia a las observaciones del Poder Ejecutivo del PL5052, afirmó que señalar que se afecta a la libre competencia consignada por la Constitución, es una lectura parcial de la problemática sin tomar en cuenta el impacto que originará dicho proyecto a favor de los usuarios.

«En nuestro país existe un oligopolio, cuatro bancos concentran el 80 % de las operaciones financieras. Hay asimetrías entre las obligaciones de empleadores, los trabajadores debieran tienen la potestad de escoger dónde depositan su cuenta sueldo. En el Perú no existen situaciones distorsionantes, lo más lamentable es que los bancos trabajan de manera legal, porque las leyes son 100 % favorables a ellos. Ante tan altos intereses bancarios, la gente arriesga su seguridad personal y prefiere guardar su dinero en casa, porque hasta la libertad de elegir el notario para un tema bancario está cercenado», señaló.

Cáceres manifestó que cada vez que el Congreso va a dictar una ley a favor del consumidor, se dice que «traerá un incremento de precios, se dijo en el caso del etiquetado de alimentos y control de pasajes aéreos». Sobre los topes financieros aseguró que el Banco Central de Reserva tiene la prerrogativa de mandar topes, «¿por qué no los usa?», se preguntó.

Respecto al cobro de las comisiones interplaca, aseveró que no tiene justificación, pues la tecnología ha evolucionado, «si tu cuenta de ahorros es de una región y la sacas mediante cajero automático en otra, no se justifica el cobro de esa comisión, porque el dinero no se traslada físicamente», puntualizó.

Por su parte, Gabriel Bustamante, representante de Acuse, sostuvo que los bancos se quedan con el 99,9 % del depósito de los ahorristas, y no queda nada para el usuario aportante. En referencia al llamado spread entre la tasa de colocación y la tasa de captación sostuvo que es muy alto, lo que agrava el nivel de endeudamiento.

«Mientras que a una persona le cobran una tasa costo efectivo anual (TCEA) de hasta 121,76 % por una tarjeta de crédito Visa, la misma entidad financiera le paga al ahorrista una tasa de rendimiento efectiva anual (TREA) de 1,35% por un ahorro de S/ 5 000 a 360 días a plazo fijo, retribución que está muy por debajo de la inflación.
El PL propone lograr un equilibrio entre los intereses de los usuarios y la de las empresas del sistema financiero con la finalidad de lograr tasas de interés adecuadas que favorezcan a los consumidores sin perjudicar la actividad bancaria», asintió.

Para Bustamante regular las tasas de interés máximas a los créditos no es un mecanismo nuevo ni extraño. Puso como ejemplo los casos de Colombia y Chile, países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y al que el Perú busca incorporarse, que fijan una tasa de usura, que es el límite máximo que impone la Ley para el cobro de intereses por parte de la Instituciones Financieras.

El representante de Conacup, Paul Castro, sostuvo que “es extraño que el Gobierno de Francisco Sagasti que está de tránsito» observe esta iniciativa, ya que su principal función en esta coyuntura es luchar contra la COVID-19. Esta ley no debió observarse, manifestó.