El gobierno prorrogaría, por breve plazo, el Decreto de Urgencia Nº 003, cuya vigencia termina mañana 13 de febrero,  ante la imposibilidad de ser aprobado el proyecto de ley que remitió recientemente debido a los diferentes cuestionamientos de la Representación Nacional.

Esto se desprende de las afirmaciones hechas por los ministros de Justicia y de Economía, Enrique Mendoza y Claudia Cooper, respectivamente, durante la sesión extraordinaria que realizaron ambas comisiones para debatir el dictamen conjunto del proyecto de ley 2408/2017-PE, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía.

El ministro Mendoza, en su exposición, dijo que la prórroga sería por la premura de su vigencia, mientras que la ministra Cooper precisó que hubiera preferido la aprobación del proyecto de ley, pero se tendría que determinar la prórroga del decreto.

La titular de Economía respondió, de esa forma, al emplazamiento hecho por el congresista Mauricio Mulder (CPA) ya  los argumentos expuestos por los legisladores de Fuerza Popular, Miguel Torres, Úrsula Letona, Alejandra Aramayo y Mario Mantilla.

Mulder pidió a los ministros que precisaran los objetivos que tenía la realización de la sesión extraordinaria, si era para aprobar el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo o para recabar insumos para un nuevo proyecto de ley para ser sancionado en la próxima legislatura.

Cooper respondió que se buscaba aprobar el proyecto de ley remitido, pero si no se podía tendría que prorrogarse, por breve plazo, el decreto de urgencia.

El congresista Miguel Torres dijo que no obstante ser una propuesta eminentemente técnica y complicada, manifestó reconocer que el gobierno ha hecho un sinceramiento en el propósito que busca, pero advirtió que el proyecto requiere de un gran análisis por parte de los parlamentarios presentes que no se puede hacer en el momento, por lo que se requiere trabajar en conjunto.

Dijo que la situación dejada por la corrupción es preocupante: más de 150 empresas quebradas, miles de trabajadores sin fuente de trabajo previsto, es decir  una situación incierta.

Recordó que su colega de bancada Karina Beteta presentó un proyecto de ley modificatorio del Decreto Urgencia 003, fue aprobado por el Pleno del Congreso, pero lamentablemente el gobierno la observó en el último día que se tenía para su promulgación y no hubo tiempo ni siquiera para analizar las observaciones.

“Tengo satisfacción de comprobar que el gobierno ha reconocido que el decreto de urgencia no sirvió de nada, creo que ya comenzamos a coincidir. El Decreto de Urgencia fue una burla para todos”, expresó.

Úrsula Letona, interrumpiendo, señaló que es necesario tener en cuenta dos aspectos: no tenemos claro el balance que ha dejado el decreto de urgencia. Además se tiene que informar  sobre el valor real de los activos de las empresas corruptas.

“Necesitamos evidencias para tener conocimiento de la situación en que se encuentran las empresas corruptas, en cuánto se ha valorizado la empresa Odebrecht. Nada se nos ha informado. No se puede trabajar a ciegas”, aseveró.

Torres destacó la intervención de su colega de bancada porque deseamos saber en qué situación se encuentran la empresas, los proveedores y los miles de trabajadores que se han quedado en la calle.

La representante Alejandra Aramayo, tras criticar la propuesta del gobierno, propuso una cuestión previa en el sentido que concluida la intervención de los congresistas, inmediatamente respondan los ministros.  Contó con el apoyo de la mayoría de los miembros de ambas comisiones.

Gilbert Violeta (PPK) manifestó en contra de la cuestión previa y dijo, además, que el proyecto de ley se presentó el año pasado y buscaba ser debatido, lo que no fue posible.

Señaló que la bancada de FP está pidiendo argumentos sobre lo actuado. “Le podemos informar que todas las empresas implicadas suman más de 30 mil millones de soles de inversión por ejecutarse, 100 mil puestos de trabajo están en peligro y miles de empresas proveedoras están en quiebra”.

Mario Mantilla corroboró lo dicho por los congresistas Torres y Letona y exigió que se informe sobre los logros obtenidos durante la vigencia del decreto de urgencia.

Gloria Montenegro (APP) informó que la tercera etapa del proyecto de Chavimochic está paralizada, hay una gran deuda social del Estado a los trabajadores, más de 60 mil trabajadores están en nada; y los proveedores están en quiebra.

Víctor García Belaunde (AP) consideró que solamente hay tiempo para la dación del decreto de urgencia 004, porque el plazo se vence mañana y no hay tiempo para la aprobación de otros proyectos.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, y los miembros de ambas comisiones acordaron un cuarto intermedio de la sesión conjunta. (JON)

PRENSA- CONGRESO