Un total de 316 decretos legislativos ha dictado el Poder Ejecutivo en los últimos quince años, al amparo de la delegación de facultades legislativas aprobada por el Congreso de la República desde el 2001 hasta julio de 2016.

Según un reporte de la Oficina de Gestión de la Información y Estadística del Congreso de la República, en el período parlamentario 2001-2006 el gobierno de turno de ese entonces dictó 39 decretos legislativos al amparo de cuatro normas legales autoritativas aprobadas por mandato parlamentario. En el mismo quinquenio el Poder Ejecutivo reguló, mediante esa vía, en materia antiterrorista,  tributaria, procesal penal y para que rija un nuevo Código de Justicia Militar-Policial.

Los 133 decretos legislativos dictados en el período 2006-2011 estuvieron orientados a legislar en materia tributaria y para combatir un conjunto de delitos penales, como el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso. También para implementar el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos-Perú y para legislar actividades policial-militar.

En el período 2011-2016, el Poder Ejecutivo dictó 144 decretos legislativos a través de siete solicitudes al Congreso a fin que le delegue facultades legislativas.

En la primera oportunidad fue para crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, luego requirió facultades para legislar en materia de minería ilegal, en asuntos tributarios y aduaneros, para fortalecer y reformar los sectores Interior y Defensa y el Sistema Nacional de Salud. Las dos últimas veces fue para legislar en materia administrativa, económica y financiera y para dictar normas orientadas a combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

El próximo sábado 7 de enero se vence el plazo de 90 días útiles dado por el actual Congreso 2016-2021 al Poder Ejecutivo para que legisle en cinco materias: reactivación económico-financiera y formalización, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de PetroPerú S.A. Hasta el 3 de enero se han dictado 76 decretos legislativos.

El paso siguiente a la vigencia de estos decretos legislativos es la revisión por parte del Congreso de cada una de estas normas legales para determinar si sus alcances se ajustan a la ley autoritativa aprobada por la representación parlamentaria y si las normas están dentro del marco constitucional.

Para ello existe un Grupo de trabajo multipartidario de la Comisión de Constitución del Congreso que se abocará a esta obligatoria revisión del control constitucional, que es coordinada por la congresista Úrsula Letona y la integran Vicente Zeballos y Javier Velásquez Quesquén.

PRENSA CONGRESO