Ricardo Narvaez (APP) dijo que este es un día de lucha histórica contra la corrupción, que hay angustia en las calles y que el ojo de los peruanos está en el Congreso para ver qué decisión vamos a tomar con respecto al pedido de vacancia presidencial.

Agregó que se debe fortalecer la democracia y asegurar la autonomía de las instituciones del estado, pero también ver nuestros propios yerros, como por ejemplo la Comisión de Ética, a la que renuncié, al igual que otros legisladores, porque no funcionaba adecuadamente.

También dijo que no es sencillo vacar al presidente de la República, y que la decisión debe estar bien fundamentada. El proceso tiene que ser justo, transparente y no saltado aceleradamente porque eso va a perjudicar al país. En APP no estamos ni con una ni con otra posición. Toaremos la decisión en función a los intereses del Estado, puntualizó.

Francisco Dávila (PPK) expresó que la imagen del Perú se deteriora y eso no nos conviene, ni tampoco al Congreso.

Señaló que en este caso (la vacancia presidencial) no ha habido un debido proceso. Es más, la empresa First Capital es de Gerardo Sepúlveda, que no tiene nada que ver en este asunto. Hay que tratar de decir la verdad y no confundir al pueblo, agregó.

No confundamos al país, como padres de la patria no debemos confundir. First Capital contrató con Odebrecht no con el estado. El presidente ha demostrado que siempre ha dicho la verdad, no contrató con el estado, no robó, es un político honesto, sentenció.

La ex presidenta del Parlamento, Luz Salgado Rubianes se extrañó que el abogado del mandatario apelara a la Constitución del 93, cuando él (Alberto Borea) es el primero que la desconoce y ha presentado firmas para anularla.

Dijo que existen colegas que han presentado denuncias y han escrito libros contra la corrupción, sin embargo, ahora dicen que debemos esperar a que venga el primer ministro y que se siga investigando.

El país, agregó, no se merece un presidente al que se le ha encontrado vínculos con las empresas que tienen la corrupción más grande de Latinoamérica. Si no tenemos los votos para vacarlo ¿con qué calidad moral va a continuar hasta el 2021?, se preguntó.

Salgado también inquirió al pleno ¿cuántos Maiman o Sepúlveda están actuando en estos momentos en el Estado? ¿Quién garantiza que no los hay? ¿se han descubierto cosa y nos tenemos que aguantar?

Dijo que se ha dicho que el pueblo nos ha puesto en equilibrio y en el balance de poderes. Precisamente por eso el Congreso puede denunciar, y lo tenemos que hacer con lo que venga de Brasil y las declaraciones de Barata. Todo eso sirvió y servirá para enfrentarnos a una realidad dolorosa.

A este congreso le ha tocado tremenda responsabilidad de tratar este tema de la vacancia presidencial. Y que no se diga que no se está cumpliendo con el debido proceso. Estamos analizando la incapacidad moral del mandatario después de conocer sus relaciones con Odebrecht. No quiso renunciar, se lo pedimos y casi se lo imploramos, pero no quiso, y eso demuestra el “cariño” que le tiene al Perú, agregó.

Salgado afirmó que por el contrario, el mandatario quiso ponerse en una trinchera y decir que es una víctima de la mayoría fujimorista. Lo que quieren hacer es tapar la corrupción. Anoche nos ha amenazado con la renuncia de sus dos vice presidentes y lamentó no haber cerrado el Congreso. Eso demuestra su calidad poca democrática, puntualizó.

Mario Mantilla, primer vicepresidente del Congreso, sostuvo que recordó una entrevista que dio el jefe de Estado a un diario local en abril del 2011, en la que refiriéndose a la empresa First Capital, señala que son ex socios suyos, con los cuales ya no trabaja. Nunca he recibido dinero de esa empresa y ni siquiera conozco donde están sus oficinas, ahora sabemos que esa empresa y Westfield Capital, tenían la misma dirección.

Al preguntársele por qué no figura en su declaración jurada esta última empresa, el mandatario dice que es porque no tiene activos. Además, dijo que después del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, a los políticos sensibles como él, que era ministro de Economía, le quitaron su cuenta bancaria y por eso tuvo que fundar Westfield Capital para recibir sus ingresos. Pero resulta que esa empresa fue fundada en 1992 y el atentado ocurrió en el 2001, prueba de que mintió, señaló. (LGT)

PRENSA/ CONGRESO  21-12-17

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