Vicente Zeballos Salinas (SN), congresista que presidió la Comisión Investigadora del caso Orellana, se reafirmó en la necesidad de que el Parlamento  cumpla con investigar todo acto donde se presuma corrupción. La discusión del informe final que arribó a 97 conclusiones y 70 recomendaciones  fue derivada para tratarla a inicio de la próxima legislatura en marzo.

Zeballos Salinas, se ratificó en sus convicciones democráticas afirmando que todo acto de corrupción debe ser investigado y que destinar fondos para investigar y reafirmar la democracia no constituye gasto, sino inversión necesaria.

El sistema democrático con todas sus fallas es lo mejor que tenemos y debemos defenderlo, afirma.

¿La discusión del  informe final que presentó sobre la actuación de la red Orellana,  se ha derivado para marzo, que comentario le suscita?

Lamentablemente,  se decidió así.  No obstante hemos hecho el esfuerzo por trabajar dentro de los plazos establecidos y de manera seria, hemos cumplido con nuestra función y con la ciudadanía. “El Parlamento es un espacio político e investigar en el Poder  Legislativo un acto contemplado por mandato expreso de la Constitución, en su Artículo 97. Todo asunto de interés público debe ser visto por el Congreso. La corrupción organizada puede poner en tela de juicio la estabilidad del país.

¿Sin embargo,  algunos medios objetaron  los gastos que acarrean las comisiones investigadoras y sostienen   que pese a su costo los resultados no ameritan el gasto?

Desnudar a la corrupción es un hecho gravitante, sumamente importante, porque en este caso  una red  (Orellana) se había posesionado de las más distintas  esferas públicas en clara vinculación con algunos funcionarios.

Si esta comisión ha tenido algún gasto es para lograr un gran objetivo y la Comisión Orellana lo ha cumplido, con un trabajo arduo de acumulación de información  importante, con una perspectiva macro para que se entienda la gran dimensión y el impacto de la red Orellana, y que estos hechos no vuelvan a repetirse  en un futuro inmediato.

¿La investigación realizada cómo está abonando en el  objetivo de luchar contra la corrupción?

La investigación a nivel de Ministerio Público y Poder Judicial está avanzando. La nuestra  ha servido de insumo para abundar en elementos para estas instancias, ha servido para denunciar y poner en evidencia  el  nivel de participación de los investigados.

Respecto a las recomendaciones, hay una serie de ellas que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben asumir. No solamente personas con vinculación directa, de la organización criminal que lideraba Rodolfo Orellana, sino, que se ha evidenciado algunas deficiencias,  debilidades y  flexibilidades del aparato estatal, que permitieron que la red Orellana se fortalezca por espacio de una década.

Estamos recomendando que se abran procedimientos administrativos a distintos funcionarios a diferentes niveles que sean pasibles de una sanción.

¿El informe al que arribó  personaliza responsabilidades…?

Básicamente estamos hablando de titulares de pliegos, responsables funcionales que no dieron las directivas que en su momento ameritaban para que esta red en cierta forma no pueda fortalecerse. Si se hubiera actuado adecuadamente, obviamente esto se hubiera paralizado,  denunciado y sancionado.

¿Qué sucedió, no funcionaron los  órganos de control del Estado?

Definitivamente. No solamente los mecanismos de control, no solamente la parte del funcionariado, sino el marco  normativo que ha sido muy flexible, en algunos casos había vacíos legales que no regulaban  determinadas circunstancias y que la red Orellana lo aprovechó al máximo.

¿Qué lectura tiene del traslado de la discusión de su informe hasta marzo, tuvo tal vez una segunda intención, hay partidos que participan en la carrera electoral  a los que no les interesaba evidenciar el tema?

No voy a especular pero me parece que no podemos pecar de buena fe al permitir que el tiempo juegue de aliado de la corrupción, cuando la justicia no actúa a tiempo, no es buena justicia. En este caso el informe debió ser discutido y aprobado.

 Reitero,  son sumas bastante importantes que van a ayudar a exigir al Poder Judicial y al Ministerio Público sancione y corrija estos vacíos y fallas, que de alguna manera le ha valido a la red Orellana. No olvidemos que esta red de corrupción  tienen una serie de aliados y, que  en paralelo,  ha hecho mucho daño,  no solo a  particulares, sino al Estado.

¿La Comisión también elaboró propuestas legales para  llenar las deficiencias encontradas?

Hemos acompañado al Pleno del Congreso todas las recomendaciones, algunas por cierto no son nuevas, ya fueron recogidas en propuestas parlamentarias que ya cuentan con dictamen. Debo señalar que en base al trabajo realizado también se han rectificado algunas  instituciones como Registros Públicos que ha modificado su registro de inscripciones, la propia OCMA ha dado el Reglamento de Investigación y Sanción para los propios jueces, todos están empezando a actuar, todo el Estado en su conjunto ha empezado a actuar, ese es el impacto político de una labor investigadora.

Informe de la Comisión Orellana

Zeballos Salinas determinó que esta red  criminal tenía a su disposición  un equipo profesional, que actuaba por especialidades,  elaboraban  estrategias,  contratos simulados, laudos arbitrales, para que a través de procesos judiciales y administrativos, concreten sus actividades ilícitas.

Para esta área legal,  la red criminal contaba con un importante número de abogados especialistas en derecho civil, penal, administrativo, registral, notarial y constitucional, los que a través de lobbies y actos de corrupción, obtuvieron decisiones favorables en beneficio de los intereses del grupo Orellana Rengifo. Además,  tenía a su disposición un grupo de personas dedicadas a actos de hostilización y amedrentamiento, las que operaban  bajo la dirección de Benedicto Jiménez Bacca y el financiamiento  de Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.

Del mismo modo, se  habrían realizado acciones de reglaje e intimidación contra los ciudadanos o funcionarios públicos que denunciaban las actividades ilícitas de la organización, con la única finalidad de elaborar denuncias y fabricar hechos calumniosos y difamatorios, que luego eran propalados por medios de comunicación televisivos y escritos, como el programa “Juez Justo TV SAC” y las revistas “Juez Justo”, “Vox Populi” “5to Poder” y otros pasquines destinados a difamar, intimidar, y desprestigiar.

El movimiento económico que generaron las actividades ilícitas de la organización Orellana Rengifo, ascendieron en Inmuebles 192 millones, 815 mil ,644 n/s; en Cooperativas 295 millones, 927 mil, 894 n/s; en Intermediación legal 8 millones, 542 mil, 623 n/s; en minería 900 mil n/s; lo que hace un aproximado de 490 millones ,497 mil, 762 nuevos soles.(EPA)

PRENSA-CONGRESO

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